El Ayuntamiento de Plasencia ha puesto en marcha una llamativa campaña que pretende fomentar el civismo y poner freno al vandalismo contra el mobiliario urbano que cada año cuesta a las arcas municipales más 120.000 euros, una cifra que no pasa desapercibida y que bien podría emplearse en otras instalaciones o actividades para la ciudad.

Juegos infantiles echados a perder, bancos estropeados, los focos del suelo literalmente pisados a conciencia, papeleras destrozadas, contenedores de basura quemados, farolas apeedreadas, aparatos de gimnasia, carteles arrancados. La lista de instalaciones que suele ser objeto de los consabidos vándalos es larga y también cara para todos los ciudadanos. 

El Ayuntamiento, y más concretamente las Concejalías de Obras y Servicios Municipales, son muy conscientes de este tipo de actos y tratan de combatirlo con concienciación y educación. 

Así, desde este viernes, una cascada de etiquetas cuelgan de farolas, bancos, papeleras, contenedores y parques infantiles que se han repartido tanto en la zona centro de la ciudad como en barrios, parques y jardines. 

El fin no es otro que concienciar al ciudadano del dinero que cuesta este tipo de instalaciones que suelen ser objeto de los vándalos y que la Concejalía de Obras tiene que reponer con demasiada frecuencia. 

La alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, ha colocado simbólicamente una de las etiquetas en la en la Plaza Mayor con el precio de lo que cuesta limpiar una farola (1.320 euros) y uno de los bancos (520 euros). 

Una singular campaña en la que literalmente cuelga en la calle el precio de una farola o incluso de un contenedor de basura. En total se han colocado más de 50 etiquetas en una iniciativa lleva el título de "El Mobiliario urbano es de todos, respétalo". 

Los precios que se van a ver en las etiquetas oscilan desde los 6.000 euros que el Ayuntamiento invierte en materia de limpieza de fachadas, hasta los 1.320 euros o 20.000 euros que cuesta reponer una farola o un juego infantil, respectivamente. Si hablamos de una papelera, estarán marcada con 250 euros, un banco 520 euros.  

En definitiva, una iniciativa que pone el acento en el daño y el coste global de este tipo de acciones, uno de los estigmas más generalizados de las ciudades españolas y, que a final de cuentas, pagamos todos.