La Guardia Civil inició las investigaciones en el mes de noviembre de 2009, en la que denominó “Operación BADIA”, interviniendo conjuntamente el Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa con sede en Madrid y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Cáceres, practicando la detención de 7 personas e imputando a otras 4, como miembros de una red dedicada al expolio de restos arqueológicos. Se practicaron 6 registros domiciliarios y se recuperaron más de 7.500 objetos arqueológicos expoliados en 14 yacimientos situados en las localidades cacereñas de Jaraíz de la Vera, Monroy, Trujillo y Talayuela, ocasionando unos daños superiores a los 127.500 €. Los efectos expoliados, eran vendidos por los detenidos a coleccionistas de España y del extranjero.

Durante la fase de investigación, se constató la existencia de tres escalones en la organización delictiva. Un primer escalón constituido por los expoliadores de yacimientos arqueológicos, conocidos en el argot como “piteros”, “buscadores” o “detectoristas”. El segundo escalón estaba formado por los intermediarios, que se encargaban de adquirir los objetos procedentes de los expolios, para su posterior oferta y venta a los integrantes del último escalón, que comprendía a los coleccionistas o compradores finales.

A lo largo de la fase de explotación, se practicaron seis registros domiciliarios en viviendas particulares de las localidades de Navalmoral de la Mata, Cáceres, Casar de Cáceres, Plasencia y Monroy, interviniéndose numerosos objetos de indudable valor arqueológico, procedentes de los expolios perpetrados en los enclaves arqueológicos citados, así como útiles y herramientas auxiliares empleados para cometer los saqueos (detectores de metales, azadas, piquetas, etc.), mapas y planos topográficos con indicaciones precisas de la ubicación de los yacimientos, instrumental para la limpieza y adecuación del material expoliado y envases para el empaquetado y envío al extranjero de las piezas arqueológicas. La operación culminó con la detención de 7 personas y la imputación de otras 4, como presuntos autores de delitos contra el patrimonio histórico, daños, apropiación indebida y receptación. 

Durante el transcurso de los cinco meses en los que se dilató la Operación, se contó, en todo momento, con el apoyo y colaboración de arqueólogos adscritos al Servicio de Patrimonio Histórico Artístico, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Educación y  Cultura de la Junta de Extremadura, resultando determinantes las conclusiones contenidas en los informes técnicos emitidos relativos a la evaluación y cuantificación de los daños inferidos en los distintos yacimientos arqueológicos. Los resultados del operativo, contribuyeron también a la identificación, localización, catalogación e incorporación a la Carta Arqueológica de Extremadura de ocho (8) nuevos yacimientos que, hasta entonces, habían pasado inadvertidos, datados desde la Edad de Bronce, hasta la época de dominación árabe de la Península. 

Los daños originados en el conjunto de los yacimientos, que fueron objeto del asedio de los expoliadores, ascendieron a 127.564 €. 

En resumen, los resultados globales de la “OPERACIÓN BADÍA” fueron los siguientes:

- Detención y puesta a disposición judicial de un total de SIETE (7) personas e imputación de otras CUATRO (4), dándose por desarticulado un grupo delictivo dedicado al expolio sistemático de yacimientos arqueológicos, movidos, única y exclusivamente, por fines lucrativos, y el propósito común de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial.

 - Práctica judicial de SEIS (6) registros domiciliarios en distintas localidades de la provincia de Cáceres.

- Esclarecimiento de los expolios y daños materializados en  un total de ONCE (11) yacimientos arqueológicos, localizados todos ellos en el ámbito territorial de la provincia de Cáceres.

- Recuperación de SIETE MIL (7.500) bienes o restos de interés  arqueológicos procedentes de expolios, destacando colecciones de material de numismática (mayoritariamente monedas), además de anillos, fíbulas, puntas de flecha, hebillas, botones, etc., originarios de la cultura íbera, romana, visigoda y árabe, con un gran valor histórico y pecuniario, que podrían arrojar un importe aproximado en el mercado negro, de unos  20.000€.

- Intervención de numerosos efectos e instrumentos, como pruebas de convicción, utilizados para los expolios, destacando el decomiso de ONCE (11) detectores de metales, y material accesorio. 

La Sentencia

Según los términos de la sentencia número 301/2014, de fecha 29 de octubre de 2014, dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número DOS de  Cáceres, los Tribunales de Justicia de Extremadura sientan un precedente a nivel nacional, estimando la comisión de un delito específico sobre el Patrimonio Histórico, en su modalidad de daños, imponiendo a los condenados penas de prisión que oscilan, entre tres meses y un año, y otras de multa por importes comprendidos entre los 630 a los 2.172 €, además de las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las respectivas condenas. 

En el fallo emitido por el órgano judicial competente, atendiendo al grado de participación de cada uno de los implicados,  los condena además como autores de delitos continuados de daños en yacimientos arqueológicos,  apropiación indebida y  receptación. A alguno de los implicados se les condena por la comisión de hasta tres ilícitos penales distintos, siendo determinante la actuación llevada a cabo por parte de la Fiscal Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente de Cáceres.

Asimismo, y en materia de responsabilidad civil, los acusados, de manera solidaria, deberán indemnizar a la Junta de Extremadura por los daños originados en las respectivas servidumbres arqueológicas, en una cuantía total de 127.564 €. 

Esta decisión judicial, pionera en el ámbito penal, refuerza la lucha contra esta modalidad delictiva que hasta el momento sólo había sido sancionada judicialmente en el orden contencioso-administrativo. Hay que recordar, que recientemente, otro órgano jurisdiccional extremeño, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida, condenó con severas multas a un grupo de “piteros” descubiertos por el SEPRONA de Casatejada, cuando expoliaban yacimientos cacereños.  El tribunal de Mérida señaló entre otras circunstancias “que nos encontramos ante un grupo organizado de personas, que se trasladan desde Andalucía con conocimiento de los lugares de interés arqueológico de la comunidad autónoma de Extremadura a fin de realizar actos de expolio”, subrayándose de esta forma el grave perjuicio que estas prácticas entrañan para la protección del patrimonio.

Los detectores de metales y la protección del Patrimonio Histórico

La introducción de los detectores de metales en España en los años 70 fomentó la afición por la búsqueda de monedas y objetos de interés arqueológico (cerámica, esculturas clásicas, ajuares funerarios, etc.). Se estima que la gran mayoría de los aficionados, en torno al 80%, restringen su ámbito de actuación a las zonas costeras, en primera línea de playa, si bien, existen otros aficionados, que sobrepasando la línea roja de la afición y animados por la concurrencia de anticuarios, coleccionistas y grupos museísticos, despliegan su actividad ilícita en yacimientos arqueológicos terrestres. Estos llamados “piteros” se convierten en los intermediarios de un negocio ilegal que les reporta una mejora sustancial en su nivel de vida.

Un detector de metales, una azada, cartografía y un cuadro de software de detección de las piezas, conforman el kit básico del expoliador, al que, por regla general, suelen recurrir los profesionales que actúan en grupos organizados.

El “modus operandi” consiste en documentarse previamente a través del estudio de textos, y consulta de la cartografía oficial, sin desdeñar la información recabada a través de profesionales, e incluso de personas relacionadas con el ámbito rural (agricultores, ganaderos, etc). Una vez localizado el yacimiento realizan la excavación o los sondeos, preferentemente en horario nocturno. El trabajo suele distribuirse en grupos reducidos de dos o tres personas, encargándose, en la mayoría de los casos, uno de ellos de las labores de vigilancia.

El perfil del expoliador es diferente según nos encontremos con pequeños coleccionistas que se dedican a expoliar en su tiempo libre para incrementar su patrimonio, o con otras personas que únicamente pretenden sacar un dinero extra con esta actividad. Por regla general no se trata de mafias, pero no tienen conciencia del valor de las piezas arqueológicas sustraídas ni de los daños inferidos a los yacimientos arqueológicos.

 La actividad desplegada por la Guardia Civil en el territorio de la Comunidad de Extremadura, en la lucha contra el expolio del Patrimonio Arqueológico, Histórico, Artístico y Cultural, viene arrojando resultados alentadores. En los últimos cuatro años se ha producido un descenso del 75% en las intervenciones llevadas a cabo en este ámbito, en las que se encuentran involucrados los detecto-aficionados, coleccionistas, e incluso operadores comerciales. A pesar de estos magníficos resultados, aún existen un 25% de actuaciones que se atribuyen a expoliadores clandestinos. 

 Las medidas adoptadas y sanciones impuestas por el órgano competente de la Administración Autonómica, aunque contundentes, no acaban de hacer mella en los infractores, haciendo que la reincidencia en el uso reiterado e irregular de los detectores de metales sea demasiado generalizada.

Para otorgar una mayor protección y tutela a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Extremeño, desde  la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, se viene acordando desde el pasado mes de noviembre de 2014, la adopción de  la medida cautelar de  retirada de los detectores de metales,  en aquellos casos en que haya quedado patente el uso ilegal de los mismos, haciéndolo extensible al resto de efectos relacionados directamente con la comisión de los hechos.