El Consejo de Gobierno aprueba la devolución de la parte pendiente de la paga extra de 2012 a los empleados públicos

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este viernes la devolución de la paga extra suprimida en 2012 a los empleados de la Junta de Extremadura, concretamente el 75,96 por ciento que aún se les adeuda, según ha informado en rueda de prensa el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

El pago de la parte pendiente de la extra de 2012 supone un gasto para la Junta de Extremadura de 61,6 millones de euros.

El presidente del Ejecutivo aclaró que antes de que acabe el mes de diciembre se abonará el 26,23 por ciento de la cantidad pendiente, lo que supone un gasto de 21,3 millones de euros, mientras que el otro 49,73 por ciento se liquidará en los primeros días del mes de enero de 2016, lo que supone un gasto de 40,3 millones de euros.

El 24,04 por ciento de la paga suprimida en 2012, que correspondía a los 44 días devengados del período correspondiente a dicha paga, ya fue liquidado en dos pagos en abril de 2014 y en enero de 2015.

En cualquier caso, aclaró el presidente, los empleados públicos podrán contar con la totalidad de las cantidades pendientes antes de que acaben las fiestas navideñas.

INCENTIVOS AGROINDUSTRIALES

Por otra parte, el Ejecutivo ha dado el visto bueno al decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de incentivos agroindustriales y se autoriza la convocatoria de estas ayudas para 2016 con una dotación económica de 30.010.000 euros.

 Las subvenciones se destinan a las empresas del sector agroindustrial que realicen inversiones en Extremadura con el objetivo de desarrollar medidas para dotar al sector de una estructura moderna, integral y adecuada, o bien favorecer el acceso, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías, en coordinación con otras actuaciones comunitarias y nacionales en materia de I+D.

Las inversiones subvencionables son las relacionadas con proyectos de creación de nuevos centros productivos, o de ampliación-modernización, y traslado de los mismos, así como los proyectos de integración de tecnologías limpias en la empresa  y otras inversiones para adaptar el centro productivo a normas nacionales más estrictas que la normativa comunitaria.

Concretamente, se subvencionarán actuaciones de obra civil y/o adquisición de inmuebles, maquinaría y equipamientos, instalaciones, así como trabajos de ingeniería de proyectos y de dirección facultativa de los mismos.

El promotor del proyecto de inversión deberá financiar, sin ayuda pública de ninguna naturaleza, al menos el 25% del importe total del mismo. La inversión mínima auxiliable será de 25.000 euros  y la inversión máxima susceptible de recibir ayudas será de 20.000.000 de euros.

PROTOCOLO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA

Además, el presidente ha anunciado que en el Consejo de Gobierno Extraordinario que se va a celebrar en enero del próximo año se fijarán las prioridades respecto al destino de las inversiones previstas en el protocolo de intenciones que se firmó esta semana con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A este respecto el presidente señaló que, frente a otras interpretaciones “creativas” realizadas por representantes del principal partido de la oposición, el acuerdo suscrito con el Ministerio “es exactamente lo que es”, en referencia a que se menciona explícitamente que se trata de “inversiones extraordinarias” sin que aparezca ninguna referencia a la denominada deuda histórica.

En este sentido, Fernández Vara aclaró que, si así se acuerda en el seno de la Comisión Mixta entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, se considerarían esas cantidades (120 millones de euros en tres años) como “entregas a cuenta” de la deuda histórica.

Asimismo, el presidente acusó a su antecesor, José Antonio Monago, de haber estado mintiendo “reiteradamente” cuando aseguraba que había ya un acuerdo con el Ministerio para la firma de la deuda histórica.

Fernández Vara afirmó que “ha bastado el acuerdo y el diálogo” con la Administración del Estado para que en cinco meses haya habido acuerdos respecto a los 120 millones para inversiones extraordinarias, los 280 millones de euros del FLA que van a llegar a Extremadura y los diez millones correspondientes a la corrección financiera por subvenciones de la PAC cobradas indebidamente.