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Consejo de Gobierno
La Junta de Extremadura analizará la repercusión que sus decisiones puedan tener en el ámbito del empleo
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula el informe preceptivo sobre Impacto en el Empleo.
  • Publicado: 19/01/2016 17:49
  • por: extremadura.com
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El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula el informe preceptivo sobre Impacto en el Empleo de las decisiones públicas tomadas en el ámbito de la Junta de Extremadura, en el que se establecen las reglas relativas al contenido y tramitación del citado informe y su incorporación al correspondiente expediente administrativo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula el informe preceptivo sobre Impacto en el Empleo de las decisiones públicas tomadas en el ámbito de la Junta de Extremadura, en el que se establecen las reglas relativas al contenido y tramitación del citado informe y su incorporación al correspondiente expediente administrativo.

Con esta medida se pretende crear un mecanismo que permita valorar las repercusiones en el ámbito del empleo de las decisiones que se vayan a adoptar en el seno de la Junta de Extremadura, para así facilitar una mejor toma de esas decisiones.

De acuerdo con el decreto aprobado hoy, la elaboración del informe sobre Impacto en el Empleo se debe requerir en la elaboración de los anteproyectos de Ley, proyectos de decretos legislativos y proyectos de Decreto-Ley, así como en la elaboración de disposiciones de carácter general que adopten la forma de proyectos de decreto, para su examen por la Comisión de Secretarios Generales y su deliberación por el Consejo de Gobierno.

En cuanto a su tramitación, la Secretaría General de la Consejería donde se ubique el centro directivo promotor del asunto deberá solicitar el informe al Servicio Extremeño Público de Empleo, que deberá remitirlo a la Secretaría General solicitante en el plazo de 10 días.

Por otra parte el Consejo de Gobierno acordó recabar, por conducto del presidente de la Junta de Extremadura, dictamen facultativo del Consejo de Estado sobre el proyecto de Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social.

La Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura y se crea la Comisión Jurídica de Extremadura, establece que  los proyectos de decretos leyes autonómicos no están incluidos entre los asuntos en que debe ser consultada la mencionada Comisión Jurídica con carácter preceptivo.

Asimismo, señala que en esos supuestos se estará  a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

En este sentido, desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se estima conveniente, dada la trascendencia social de las materias objeto de regulación por el Decreto Ley y atendiendo a la experiencia y competencia del Consejo de Estado, recabar dictamen facultativo del Consejo de Estado sobre el proyecto de Decreto-ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social. 

CESIÓN DE LOS INMUEBLES DE LAS ANTIGUAS CÁMARAS AGRARIAS LOCALES

Por último, el Ejecutivo ha estudiado una propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Rural que tiene como finalidad desafectar 40 inmuebles procedentes de las ya desaparecidas cámaras agrarias locales para que sean cedidos en propiedad a otros tantos ayuntamientos que hasta ahora disponían de la cesión de uso de esos bienes.

La Ley 3/1997, de 20 de marzo declaró extinguidas las Cámaras Agrarias Locales y el desarrollo, mediante decreto, de esta nueva normativa estableció la posibilidad de cesión de este patrimonio a otras administraciones públicas, instituciones o entidades directamente relacionadas con la agricultura y siempre para el cumplimiento de fines y servicios de interés general agrario.

Dado el interés manifestado en su día por diferentes ayuntamientos así como por las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de disponer del mencionado patrimonio para continuar dando servicio a los agricultores y ganaderos se autorizó, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, la celebración de convenios de cesión a los ayuntamientos.

Lo que se propone ahora es la desafectación de los bienes para ceder la propiedad a los ayuntamientos que hasta este momento eran usuarios, de modo que ese patrimonio revierta en beneficio de la población.