La Junta Consultiva de Contratación Administrativa inicia el proceso de incorporación de criterios sociales en los procesos de contratación pública

De esta forma, se materializa uno de los objetivos marcados para esta legislatura, recogido en los compromisos de la Agenda del Cambio.

Formada por la secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Ascensión Murillo; el jefe de servicio de Contratación Centralizada, un Interventor Delegado, un Letrado del Gabinete Jurídico y jefes de servicio de contratación del resto de departamentos, se han reunido hoy para analizar la propuesta que la consejería pretende llevar a Consejo de Gobierno en materia de contratación para la incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las PYMES y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta y de las entidades que integran su sector público.

El acuerdo adoptado aborda cada uno de los aspectos del sector público autonómico en los que se trata de incidir con la contratación. De esta forma se pretende fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, entendiendo que ello es esencial para potenciar el desarrollo de la actividad económica y el empleo.        

Asimismo, se adoptan medidas tendentes a lograr una contratación pública sostenible, buscando la mayor rentabilidad de las inversiones en bienes y servicios que se contratan.

Por otra parte, se incorporan criterios sociales y ambientales en las contrataciones, aprovechando el potencial que la contratación pública desempeña en la economía para procurar medidas sociales de empleo, de comercio justo o de carácter ambiental.

“Nuestro objetivo es eliminar la precariedad, al menos en el sector público”, ha explicado Ascensión Murillo, al tiempo que ha insistido en que “con dinero de los extremeños no puede haber contratos precarios y recortes en los derechos de los trabajadores”.

También se ha presentado el borrador de decreto regulador de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, del Registro Oficial de Licitadores y Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura teniendo en cuenta que el tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto 6/2003, de 28 de enero, por el que se creaba, el incremento en las funciones susceptibles de ser desempeñadas por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, las sucesivas modificaciones normativas en materia de contratación, así como los cambios en las estructuras orgánicas de las distintas consejerías, aconsejaban adecuar su normativa reguladora a la situación actual, con el fin de mejorar el funcionamiento y la eficacia de este órgano consultivo en materia de contratación administrativa.

 Un borrador en el que se han incluido además las propuestas de los agentes sociales y económicos de la región.