La secretaria general de Hacienda y Administración Pública aboga por la eficacia en la gestión y la eficiencia en la asignación de recursos

Las cuentas de la consejería, que dispone de un montante de 68,1 millones de euros para el ejercicio económico del 2016, están ajustadas a los principios rectores de eficacia en la gestión y racionalidad en la asignación de recursos para el cumplimiento de las competencias que ostenta como consejería transversal.

Se trata de un 42,4 por ciento menos que lo presupuestado en 2015 (50,2 millones de euros menos) como consecuencia de la transferencia de créditos a favor de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por la que se le otorga las competencias sobre Administración Local e Interior.

FUNCIÓN PÚBLICA

Además de las tareas presupuestarias; control de la gestión económico-financiera de la Junta de Extremadura y de los organismos dependientes; dirección y planificación de la contabilidad pública; información económico-financiera y gestión de los tributos; las políticas más destacables, ha dicho Murillo, pasan por la recuperación de los derechos de los empleados públicos y la puesta en marcha de medidas para garantizar el buen gobierno y una administración abierta y eficaz.

En el ámbito de la Función Pública, esta consejería incidirá en la devolución de los derechos suprimidos en materia de permisos, licencias y vacaciones de los empleados públicos.

La secretaria general ha destacado que “estamos en pleno proceso de negociación con los sindicatos para implantar nuevas medidas que garanticen la conciliación de la vida personal y laboral de los empleados públicos”.  

Ha asegurado que Extremadura, cumpliendo con su compromiso, ha sido la primera Comunidad Autónoma en restituir y devolver “íntegramente” la paga extra pendiente de 2012, al tiempo que ha insistido en “cumplir con la palabra dada” sobre el incremento del 1 por ciento del salario de los empleados públicos en este 2016.

La formación de los empleados públicos es otra de las preocupaciones de esta consejería y para tal fin cuentan con un importe de 949.413 euros.

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Murillo ha afirmado que desde el inicio de la legislatura abogan por la puesta en marcha de medidas para garantizar el buen Gobierno y una administración abierta y cercana, que defienda los principios de transparencia, participación ciudadana y establezca un código ético de cargos públicos.

Ha incidido en la incorporación de cláusulas sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en la contratación autonómica como mecanismo para garantizar el respeto a los derechos laborales básicos, la promoción del empleo de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo, combatir el paro o facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

La promoción de la calidad en el empleo, la promoción de la seguridad y salud laboral, la protección del medioambiente, la promoción de sistemas de producción respetuosos con el entorno y el impulso de la igualdad efectiva de mujeres y hombres son otras de las premisas que se defienden con la incorporación de cláusulas sociales.

En Administración Electrónica, la consejería cuenta con un presupuesto de 12,4 millones de euros. En esta materia, Murillo ha destacado que lo que se pretende es financiar proyectos que permitan la modernización de la administración y el acercamiento de ésta a los ciudadanos y las empresas.

Para la modernización y adecuación de los centros TDT y medidas de reordenación del espacio radioeléctrico, la consejería dispone de un millón de euros para seguir dotando de una señal de calidad a las zonas remotas y menos pobladas de Extremadura.

En este segundo proyecto de presupuestos se produce un incremento de 1,6 millones de euros, respecto al presentado el pasado mes de noviembre, motivado por la nueva estructura de la consejería como consecuencia, entre otros motivos, de la creación de la Comisión Jurídica de Extremadura dentro de la Abogacía General.