La atención a la dependencia y el rescate de las personas más vulnerables centran el presupuesto de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Estas son las grandes cifras que ha defendido hoy la secretaria general de la consejería, Aurora Venegas, en su comparecencia ante la comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura.

La secretaria general se ha centrado en los números de la consejería con excepción del SES, ya que, como organismo autónomo que es, sus cuentas han sido explicadas por su director general de Planificación Económica, Federico Delgado.

Sin embargo, la secretaria general sí ha recordado que la sanidad pública ha sido uno de los servicios “más castigados por la crisis y por las políticas privatizadoras”.

En ese sentido, ha evidenciado que los extremeños pasaron de considerar su sanidad como notable en el año 2010 a ser de los menos satisfechos con ella en 2013.

Los números del Servicio de Atención a la Dependencia (SEPAD) son, tras el SES, quienes se llevan el mayor volumen de recursos del presupuesto, 295,6 millones, 4 más que en 2015.

El objetivo, según ha explicado Venegas, no solo es seguir avanzando y consolidando  el desarrollo de la Ley de Dependencia de 2006 sino también “ampliar recursos y servicios para mayores, a través de la financiación de plazas en el ámbito municipal, y especialmente para personas con discapacidad mediante la acreditación y financiación de nuevas plazas en el entorno del Marco de Atención a la Dependencia (MADEX), ha dicho Venegas.

Destacan, por tanto, en el SEPAD los 74,6 millones destinados a las prestaciones económicas de la ley, los 21,5 millones para el mantenimiento de 605 plazas residenciales y 388 de atención diurna para personas mayores en situación dependencia o los 29,8 para el MADEX.

Dentro del pacto por un modelo económico sostenible, “somos conscientes de la necesidad de incrementar servicios y programas de inserción social y laboral del personas con discapacidad”, ha señalado la secretaria general. Para ello, ha añadido “esperamos contar con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios.”

Otros programas importantes en el nuevo presupuesto del SEPAD es el mantenimiento de 2.104 plazas en pisos tutelados y 1.490 en centros de días y en el que se incluye la promoción del envejecimiento activo, ocio y tiempo libre de las personas mayores o los programas de atención a personas con deterioro cognitivo y la subvenciones al transporte de 188 usuarios de centros de día de Alzheimer o para transporte especializado a 112 personas con discapacidad. Además, se destinan 2,6 millones para ayuda a domicilio.

FONDO DE GARANTIA SOCIAL Y DERECHO A LA VIVIENDA

Respecto a la dirección general de Políticas Sociales, Infancia y Familia, conceptuada como programa de Inclusión Social, contiene un incremento del 32,5% respecto a 2015, un total de 76 millones de euros.

La secretaria general  ha resaltado que en esta área “dedicada a mejorar la vida de las personas más vulnerables” se crea el Fondo de Garantía Social, dotado con 53,7  millones de euros, casi un 80% más que en 2015 con el fin de “recuperar los derechos perdidos” en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Este fondo tiene tres partidas específicas, 48,4 millones para la Renta Básica de Inserción, 4,7 para garantizar los mínimos vitales y 600.000 euros para contingencias.

El importe destinado a la Renta Básica se acerca al 0,3 por ciento del PIB extremeño para lograr al final de la legislatura llegar al 0,5 por ciento, “que es un compromiso de este gobierno”, ha sentenciado.

La consejería contempla, asimismo, programas destinados a la formación, inspección y calidad sanitaria (4,8 millones de euros), así como a la planificación y ordenación sanitaria, que incluyen el Plan de Salud de Extremadura 2013-2020 y un futuro plan estratégico del SES (3,7 millones).

El otro eje de la política social de la consejería es la vivienda. Con un presupuesto de 46,8 millones de euros que tiene un doble objetivo, garantizar y proteger el derecho a la vivienda y reactivar el sector de la construcción.

En promoción y ayudas para el acceso a la vivienda, la eficiencia energética, y la accesibilidad, irán destinados 42,1 millones de euros que permitirán, entre otras cosas, finalizar 49 viviendas de protección pública en 13 municipios, iniciar nuevas promociones, algunas ya programadas como 61 en otros 14 municipios.

Se trata, ha dicho Venegas, de “dar respuesta a la necesidad habitacional” de las familias extremeñas, para lo que se actuará también en el parque de viviendas públicas de la Junta, con una inversión del 30 por ciento más que 2015, siendo para la rehabilitación el montante principal (70 por ciento) de un total presupuestado para este concepto de 4,2 millones de euros.

La creación del Observatorio de la Vivienda permitirá tener una información exhaustiva de la situación del parque de viviendas de Extremadura.

Destacan igualmente  las acciones encaminadas a la política anti-desahucios de la Junta de Extremadura para que nadie pierda su hogar por no poder pagar. Si el protocolo antidesahucios, firmado recientemente con los colectivos sociales, paraliza el desahucio por no poder pagar una vivienda pública, la puesta en funcionamiento de una Oficina de Intermediación y Mediación Hipotecaria ayudará a las familias en riesgo de perder su vivienda privada por no poder pagar su hipoteca.