El Consejo de Gobierno acuerda destinar más de 66 millones de euros a medidas de fomento del empleo

De esos 66 millones, más de 44 corresponden a las convocatorias de subvenciones para el fomento del autoempleo, para la contratación indefinida y para la contratación estable en el ámbito de la economía social, tres medidas cuya regulación fue aprobada por el Consejo de Gobierno.

Los otros 22 millones de euros corresponden a la convocatoria de las subvenciones para el nuevo programa de “Escuelas Profesionales de Extremadura” y para las nuevas “Unidades de promoción y Desarrollo”, cuya regulación también ha sido aprobada hoy en la sesión de gobierno.

De acuerdo con esa normativa aprobada hoy, las Escuelas Profesionales se configuran como una política activa de empleo con la que se persigue mejorar las posibilidades de inserción laboral y cualificación profesional de las personas desempleadas e inscritas en el Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante actuaciones integradas de empleo y formación especialmente vinculadas al cambio del modelo productivo.

Por otra parte, las Unidades de Promoción y Desarrollo se configuran como módulos que colaboran en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas de formación para el empleo, especialmente de los de alternancia con el empleo.

Según ha explicado la consejera de Educación y Empleo, los proyectos de Escuelas Profesionales tendrán una duración de 14 meses, de los cuales 12 serán mediante un contrato de  formación y aprendizaje para los alumnos participantes y otros dos meses de formación práctica en empresas.

En cuanto a las Unidades de Promoción y Desarrollo, la consejera ha anunciado que servirán para dar cobertura y soporte a las entidades promotoras de los proyectos y que se constituirán dos que tendrán su sede en cada una de las diputaciones provinciales.

Respecto a la convocatoria para las Escuelas Profesionales, la consejera ha explicado que de los 22,8 millones de dotación de que dispone, se destinarán 13,6  millones a proyectos vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad, mientras que la cantidad restante (9,1 millones de euros) se destinará a proyectos no vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.

Esta distinción se hace, según ha señalado la consejera, porque no toda las entidades locales y centros colaboradores disponen de instalaciones homologadas para la expedición de certificados de profesionalidad.

De esta convocatoria podrán beneficiarse 1.425 personas, de ellas, 855 en proyectos vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad y otras 570 en proyectos no vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.

COMPRA CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS

Por otra parte, en el ámbito sanitario, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado la autorización al SES para la para formalizar los contratos derivados del acuerdo marco vigente con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para la adquisición de diversos medicamentos, por un importe global de más de 40 millones de euros.

Se trata, ha añadido la portavoz, de 15 contratos para el suministro de medicamentos para enfermedades y tratamientos relacionados con la hemofilia, el VIH, la artritis reumatoide y enfermedades autoinmunes.

Son medicamentos innovadores, ha dicho, muchos de ellos de última generación que tienen patentes de compañias farmacéuticas y de ahí su elevado precio. La compra autorizada supone un ahorro de 1,2 millones de euros anuales, que se suman a los 2,5 millones de euros de ahorro que supuso la primera fase de esta compra centralizada, para la cual el SES recibió la autorización del Consejo de Gobierno el pasado 21 de junio.

Gil Rosiña anunció que este proceso de adquisición centralizada tendrá continuación con una tercera fase que pronto será autorizada por el Ejecutivo.

La portavoz aseguró que la compra de estos fármacos “redunda en beneficio de la salud del conjunto de los extremeños” y que por eso aparece reflejada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Se trata de medicamentos “costosos” que, de no ser así, insistió, “muchos extremeños y extremeñas no podrían acceder a ellos”.