El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda con el objetivo de evitar los desahucios

Nace este proyecto de Ley, según han coincido en afirmar el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José Mª Vergeles, y la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, desde el convencimiento del Gobierno socialista de acabar con los desahucios de las familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas por circunstancias sobrevenidas, originadas por la situación de crisis económica.

Ambos han recordado que en la anterior legislatura, con el PP al frente del Gobierno regional, los socialistas ya habían presentado una propuesta en este sentido que ni siquiera se llegó a debatir en la Asamblea.

José María Vergeles ha detallado que esta Ley da cobertura legal a la intermediación del Gobierno extremeño con las entidades financieras en los casos de familias que no puedan hacer frente al pago de hipotecas. Además, se atribuye a la Junta de Extremadura el derecho de tanteo sobre las viviendas enajenadas como consecuencia de desahucios que se destinarán a programas de alquiler social.

También contempla este proyecto de Ley sancionar a las personas jurídicas, entidades financieras principalmente, con viviendas vacías “para dar así cobertura al lema social de que no haya viviendas sin gente y gente sin viviendas”, ha dicho el consejero.

Por otra parte, se posibilita a la Administración autonómica la expropiación temporal del uso de viviendas objeto de ejecución hipotecaria para evitar desahucios, y paralizar “de una vez por todas y con cobertura legal” los desahucios de viviendas de promoción pública por no pagar el alquiler.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales ha señalado que esta Ley es un elemento normativo importante para evitar el drama de los desahucios, un paso más de las medidas que el Gobierno extremeño ha ido poniendo en marcha y que plasman la dimensión social de sus políticas.

Ha añadido el consejero que esta Ley nace con la intención de no tener necesidad de usarla, ha dicho que las relaciones con las entidades financieras son buenas, ha habido reuniones sobre esta normativa, y espera que próximamente se cristalicen acuerdos para destinar viviendas vacías a alquiler social. No obstante, se tendrá una herramienta legal que posibilitará forzar, en determinadas circunstancias, a evitar desahucios como consecuencia razón sobrevenida por la crisis.

La portavoz y el consejero han recordado que durante esta legislatura los desahucios por no poder pagar el alquiler en el parque público de viviendas han desparecido y Vergeles ha señalado además que la tendencia es buena porque según los datos del Consejo General del Poder Judicial referidos al primer trimestre de este año as ejecuciones hipotecarias han descendido considerablemente, un 33%. “Estamos en la buena dirección y esperamos con el proyecto Ley consolidar esa tendencia y conseguir el objetivo que nos propusimos al inicio de la legislatura de desahucios cero para las personas que no puedan pagar hipoteca”.

José María Vergeles espera que el proyecto de Ley no encuentre objeciones en su aplicación toda vez que se han atendido en su redacción las recomendaciones del Consejo de Estado en lo que se refiere a ámbitos competenciales autonómicos y estatales.

Tras aprobarse el proyecto de Ley en Consejo de Gobierno se inicia su tramitación en la que se incluyen reuniones con los grupos parlamentarios para debatir sus propuestas sobre este asunto.

SERVICIOS SOCIALES DE BASE

Además de este proyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda, la portavoz ha destacado otros acuerdos en materia de política social adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy. Entre ellos los convenios para el mantenimiento de los servicios sociales de base en 26 municipios de la Comunidad Autónoma.

Al recuperar este sistema de convenio se da estabilidad a estos servicios fundamentales para dar respuesta desde la Administración a las necesidades de los ciudadanos, según ha señalado Gil Rosiña, además de seguridad jurídica con respecto a su mantenimiento y a la financiación de los mismos, ya que la Junta asume el 99% del coste de los servicios sociales de base, y las entidades locales el 1% restante.

En los convenio acordados por el Consejo de Gobierno la Junta tiene previsto invertir 3.401.232,87 euros. Además de los suscritos, hay otros ultimándose hasta llegar a cubrir los servicios sociales de base en 201 municipios.

Con este modelo de convenio la Junta contribuirá aliviar la carga económica de los Ayuntamiento además de cumplir con la ratio de 1 trabajador cada 3.000 habitantes, tal y como aconsejan los profesionales de los servicios sociales, pasando de 235 a 284 trabajadores sociales.

OTROS ASUNTOS

El Consejo de Gobierno ha aprobado igualmente otras medidas de relevancia, ente ellas, la retirada de restos de animales de cacerías con el objetivo de evitar la propagación de la tuberculosis bovina, normativa que beneficiará a 1.200 explotaciones ganaderas de la región y a 4.000 animales de bovino.

También se ha referido la portavoz a los convenios suscritos con el Ayuntamiento de Jerte para el mantenimiento de la piscifactoría con el de Orellana para recuperar el Palacio de los Altamiranos con fines turísticos, así como la declaración del patrimonio histórico artístico de Brozas como Bien de Interés Cultural como conjunto histórico.

La portavoz ha anunciado además que la consejera de Educación ha solicitado la reunión de la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado para debatir cuestiones relacionadas con la aplicación de la LONCE y de laS reválidas en particular.