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Ley de Medidas
El proyecto de Ley de Medidas presentado por el Ejecutivo extremeño contempla una reforma fiscal progresiva, justa, redistributiva y solidaria
Las medidas tributarias contenidas en la ley recogen la supresión de determinadas deducciones y bonificaciones.
  • Publicado: 15/09/2016 10:44
  • por: extremadura.com
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La Junta de Extremadura insiste en la lucha contra el fraude fiscal y en la mejora de la eficacia en la recaudación

El proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas presentado por el Gobierno autonómico este jueves, día 15, en la Asamblea de Extremadura, contempla una reforma fiscal progresiva, justa, redistributiva y solidaria.

Las medidas tributarias contenidas en la ley recogen la supresión de determinadas deducciones y bonificaciones que, en algún caso, han llegado a desnaturalizar los tributos cedidos y corrige los efectos perversos que sólo favorece a los que más tienen.

Así lo ha explicado la consejera de Hacienda y Administración, Pilar Blanco-Morales, quien ha requerido del esfuerzo de todos los grupos parlamentarios y de la propia Administración para combatir el déficit público sin menoscabo de los servicios públicos esenciales.

Esta reforma, ha insistido, “pretende un modesto acompañamiento de lucha contra el fraude fiscal" al tiempo que permite mejorar la eficacia recaudatoria de los ingresos.

El presente proyecto de ley parte de un principio de diálogo con el resto de grupos parlamentarios, y regula las medidas para la consecución de los objetivos de la Ley de Presupuestos para 2016 y la política social y económica en apoyo al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.

Además, respeta los principios de igualdad, progresividad, capacidad económica y de no confiscación.

No obstante, esta reforma, según ha explicado la consejera, requiere de un esfuerzo para intentar lograr la suficiencia financiera de la Hacienda pública y el reparto equitativo de la carga tributaria sin que agrave la carga que soportan los extremeños.

En cuanto al cumplimiento a las obligaciones que el Gobierno autonómico mantiene con los objetivos de estabilidad presupuestaria, la titular de Hacienda ha insistido en la necesidad de reconducir la senda del déficit para que Extremadura cumpla.

Para ello, ha pedido la colaboración del Estado, al tiempo que ha exigido un reparto diferenciado de los objetivos de estabilidad "más justo y equilibrado" que atienda a las características propias de cada comunidad autónoma acorde con lo establecido por la Comisión Europea.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

El proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas de la región tiene un impacto de casi 10 millones de euros, compensando 1,5 millones del canon de saneamiento, y los cambios en el IRPF y en el impuesto de Patrimonio que tendrán incidencia ya en el próximo ejercicio.

Sobre el canon de saneamiento, se recoge nuevos beneficios fiscales, se amplía el mínimo exento en 2 metros cúbicos por vivienda; y se excluyen del gravamen las necesidades más básicas; de tal forma que el ahorro contemplado sería de 1,5 millones de euros.

El objetivo de esta compensación sería “no agravar las necesidades más básicas” y “penalizar los usos que no responden al principio de racionalidad y solidaridad”.

En el IRPF, se mantienen todas las deducciones en la cuota íntegra autonómica, salvo la referida a la adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural con lo que se prevé recaudar 483.000 euros.

En el Impuesto de Patrimonio, donde según ha explicado la consejera los datos de recaudación ponen de manifiesto una tendencia a la baja del número de declarantes y del importe recaudado, se modifica el mínimo exento, que pasaría de los 700.000 euros actuales a 500.000 y se revisa el mínimo para los discapacitados. Se estima una recaudación, teniendo en cuenta los datos de declarantes en 2013, de 1,05 millones de euros.

En cuanto al Impuesto de Sucesiones, se mantienen todos los beneficios tributarios; en el de Donaciones, se suprimen las bonificaciones del 99%, 95% y 90% buscando la equidad, solidaridad y redistribución de la carga tributaria; y en el de Actos Jurídicos Documentados, se eleva al 1,5% el tipo de gravamen general y se pasa del 2% al 3% el que recae sobre las escrituras públicas en la que se renuncia a la exención del IVA, una medida, ésta última, por la que la Junta espera recaudar 6 millones de euros.

En el tributo sobre el juego, se establece una cuota fija reducida para máquinas tipo B1, a petición del sector, con apuestas limitada a 10 céntimos y la tasa fiscal se fija en 375 euros trimestrales, frente a los 850 euros de las B1 tradicionales. La estimación en la recaudación es de 975.000 euros.

Y en cuanto a los tributos propios, se revisan las tarifas que gravan el transporte de energía eléctrica, como compensación de los daños ocasionados, y se incrementan en un 20 por ciento los tipos de gravamen en el Impuesto sobre eliminación de residuos en los vertederos.

Asimismo, se modifican las tarifas por actividades administrativas en TV y radiodifusión y se crean tasas por actividades administrativas en Comunicación Audiovisual, por uso compartido de canalizaciones en telecomunicaciones y por instalación de equipos radioeléctricos en edificios públicos.

Finalmente, el proyecto de Ley contempla una serie de medidas no tributarias (patrimoniales, financieras, de subvenciones, de contratación, de procedimiento sancionador en materia de consumo y de organización) cuyo objetivo es dar respuesta legislativa a cuestiones que responden a la prohibición por parte del Tribunal Constitucional de incluir en la Ley de Presupuestos.

ELIMINACIÓN EN LA EXENCIÓN DEL IBI

Sobre la eliminación de la exención del IBI, Blanco- Morales ha afirmado que se ha renunciado a ello en torno al diálogo mantenido con todas las partes implicadas.
“No hay razones de legalidad que impidan o dificulten la medida”, ha detallado, ya que los informes y dictámenes tanto de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, el Consejo Económico y Social como del Consejo de Estado, así lo derivan.

En definitiva, ha sentenciado que con ello se busca un mayor consenso y diálogo entre las Administraciones públicas implicadas en el sostenimiento de un sistema público de salud de calidad, tanto en ámbito estatal, autonómico, como local.