El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto de mínimos vitales y una dotación inicial de 4,5 millones de euros

Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quien ha señalado que la regulación aprobada hoy para estas ayudas se ajusta a lo establecido en la recientemente aprobada Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social.

Esta línea de subvenciones tiene por objeto subvencionar a los municipios de la región para que éstos gestionen las ayudas para suministros mínimos vitales a conceder a las personas residentes en su localidad que, por carencia o insuficiencia de ingresos, no puedan hacer frente al pago de dichos suministros.

El consejero ha destacado como novedad el hecho de que en la nueva regulación se incluya no solo el consumo de electricidad y agua sino que se añade también el consumo de gas.

Por otra parte, ha resaltado Vergeles, en el nuevo decreto se eliminan los límites al consumo (expresados en kilowatios y en litros de agua) y se abonará la totalidad de la factura a las familias que lo necesiten, si bien, aclaró el consejero, los ayuntamientos no abonarán esas cantidades a las familias sino que lo harán directamente a las compañías distribuidoras.

Por lo que respecta a la cuantía de las ayudas, ésta se determinará en función de los ingresos de la unidad familiar y del número de miembros de la unidad de convivencia, con límites de entre 600 euros (para unidades de hasta dos miembros) y de 800 euros (para cinco o más miembros).

10 AÑOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA

En un Consejo de Gobierno marcado por los asuntos de carácter social y que –ha recordado Vergeles- ha coincidido con los 10 años desde la aprobación de la Ley de la Dependencia, el Ejecutivo ha aprobado importantes medidas de ayuda a personas que se encuentran en situación de dependencia en la región.

Por una parte, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a la concesión de 56 subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades para el mantenimiento de plazas para personas mayores, en situación de dependencia, en centros residenciales y centros de día, por un importe global de 10,9 millones de euros.

Por otro lado, Vergeles ha anunciado la firma de convenios con los ayuntamientos de Miajadas, Montijo, Olivenza, Trujillo, Villafranca de los Barros y Zafra para el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, para el primer semestre de 2017, por un importe global de 472.845 euros.

Además, el Consejo autorizó la convocatoria de ayudas a entidades públicas y privada sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad, para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2017, por un importe total de 6.777.183 euros.

También en relación con esta materia, se ha autorizado la convocatoria de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad, para el desarrollo de programas que incidan en la normalización de la persona con discapacidad, para el ejercicio 2017, por un importe total de 1.125.000 euros.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales ha realizado un balance de la aplicación de la Ley de la Dependencia en Extremadura, en el que ha hecho hincapié en que la Comunidad Autónoma aporta un 87 por ciento de la financiación por sólo un 12 por ciento de aportación por parte del Estado, cuando ese reparto debería ser al 50 por ciento.

Vergeles ha manifestado que Extremadura, a fecha del pasado mes de octubre, tenía consolidadas 52.866 solicitudes de ayuda, y ha ofrecido el dato de que 35.356 personas cuentan ya con un dictamen de la Ley de la Dependencia, lo que representa un 75 por ciento del total de solicitudes.

Además, subrayó el hecho de que 24.069 personas perciban una prestación y de que la región cuente con 257 cuidadores no profesionales.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MUNICIPAL

Por otra parte, según ha anunciado la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, el Ejecutivo ha autorizado la firma de sendos convenios de colaboración con las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para la gestión y financiación conjunta de obras de infraestructura eléctrica, en municipios y entidades locales menores con una población inferior a 20.000 habitantes, para las anualidades de 2017 y 2018.

La dotación económica global para esas dos anualidades será de 2.500.000 euros, de los cuales la Junta de Extremadura aportará un millón (500.000 para cada convenio) y las diputaciones provinciales 625.000 euros cada una de ellas. Los ayuntamientos aportarán otros 250.000 euros.

De acuerdo con lo establecido en los convenios, las obras de infraestructura eléctrica serán financiadas por la Junta de Extremadura en un 40 por ciento, por las diputaciones en un 50 por ciento, y por las entidades locales en un 10 por ciento.

También en el área de la Consejería de Economía e Infraestructuras, el Ejecutivo ha aprobado un decreto por el que se regulan las ayudas dirigidas a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para la mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos.

Estas ayudas, destinadas a los 65 mercados de abastos que hay en la región, según informó Gil Rosiña, contarán en el momento en que se haga pública la convocatoria con una dotación de 800.000 euros.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio para el desbroce y limpieza de márgenes en la red de carreteras de la Comunidad Autónoma, por un importe de 2,2 millones de euros.

Estas tareas, que darán trabajo a 64 personas, se llevarán a cabo por primera vez sin emplear herbicidas, una exigencia relacionada con la apuesta por la economía verde que rige la acción de gobierno de la Junta de Extremadura, indicó Gil Rosiña.

Además, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura, para el ejercicio de 2017, con una dotación económica de 1.420.000 euros.

Estas ayudas están destinadas, entre otras actividades, a la realización de una auditoría energética necesaria para poder optar a la subvención.

El decreto que regula estas subvenciones establece dos líneas de ayudas, una dirigida a microempresas, pequeñas y medianas empresas, empresarios individuales y proveedores de servicios energéticos, y otra dirigida a municipios y entidades locales menores.