La Diputación de Cáceres insta al Gobierno central a que permita a los ayuntamientos reinvertir su superávit en 2017

Ha sido el último Pleno Ordinario del año el que ha celebrado este viernes, 30 de diciembre, la Diputación Provincial de Cáceres, y en él se ha aprobado instar al Gobierno central para que permita a las administraciones locales reinvertir, en el año 2017, el superávit que tengan, sin necesidad de tener que generar ingresos por el mismo importe, tal como ordena la legislación estatal vigente.

Según la iniciativa presentada por el portavoz socialista, Fernando García Nicolás, “es una paradoja” que los ayuntamientos, “que son la única administración en superávit, que están saneados y que cumplen sus objetivos” no puedan invertir su ahorro. Y esto es así por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que limita la regla de gasto de las corporaciones locales.

Así, todos los ayuntamientos representados por al Federación de Municipios y Provincias de España han aprobado esta moción, recordando que la deuda local “ha llegado este año a los objetivos del 3% fijados para 2020, con cuatro años de adelanto”. En este sentido, García Nicolás ha destacado que las entidades locales aportan al cómputo total de España medio punto del PIB, además de cumplir con el pago en plazo a los proveedores. Se calcula que el superávit que no se les permite utilizar a los ayuntamientos ronda los 4.500 millones de euros. En cuanto a la Diputación cacereña, el portavoz socialista ha señalado que serían 50 millones los que podría reinvertir, algo similar que le ocurriría a la Diputación de Badajoz.

Otro punto en el orden del día, que ha salido adelante con los votos a favor del Partido Socialista y del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, ha sido la denuncia del acuerdo que adoptó, en 2008, la Comisión Mixta de Traspaso de medios personales, económicos y materiales del Complejo Sanitario Provincial de Plasencia a la Comunidad autónoma de Extremadura. Se trata, según ha indicado García Nicolás, de un trámite que refuerza ante la Junta la posición de la Diputación de Cáceres, confirmando que ya ha saldado las aportaciones correspondientes, por lo que no se considera en la obligación de hacer frente a la aportación para la financiación de la asistencia psiquiátrica.

También, los votos a favor del PSOE y del PP han dado luz verde a las normas reguladoras del Plan Activa 2017 de financiación de Gastos corrientes para entidades locales en las modalidades de empleo y servicios y su reparto. Un reparto que, en el capítulo de empleo, sería de 1.709.433,81 euros entre 84 entidades locales, de los que 1.538.490,43 euros serían aportados por la Diputación, y 170.943,38 euros, por los ayuntamientos. Respecto a subvenciones para gastos corrientes o servicios, sería el reparto de 2.914.712,23 euros entre 84 entidades locales, de los que 2.623.241,01 euros serían aportados por la Diputación, y 291.471,22, por los ayuntamientos. Sin embargo, respecto al Plan Activa, el PP ha presentado una moción reclamando unas modificaciones en cuanto al criterio de reparto o al aumento de partida presupuestaria, una moción que ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE, aduciendo, entre otras razones, cuestión de tiempo, “que hace totalmente imposible una modificación de ese tipo”, aclaró García Nicolás, así como por considerar inadecuado un aumento como el solicitado por el PP. “Los fondos no son infinitos”, ha recordado el portavoz socialista.

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por el PP, una moción que han querido llamar “moción de protesta”, en palabras de su portavoz Alfredo Aguilera, a través de la cual manifestaban su desacuerdo en el modo en que se está desarrollando el protocolo del Parque Cultural Sierra de Gata, protocolo que ha sido firmado por ayuntamientos y agentes sociales y económicos de la comarca, además de por la Junta de Extremadura y Diputación de Cáceres, el pasado día 20 de diciembre, dando vida así al primer Parque Cultural de Extremadura.