La Diputación de Badajoz cierra 2016 con un remanente de 58 millones de euros

El diputado delegado de Economía y Hacienda de la Diputación de Badajoz, Manuel Borrego, acompañado por la directora del Área, Gema Buceta, ha explicado en rueda de prensa la lliquidación del presupuesto de la institución provincial correspondiente al ejercicio económico 2016. Una de las principales conclusiones es que la entidad cerró el ejercicio del pasado año con un remanente de 58 millones de euros.

Manuel Borrego ha iniciado su exposición haciendo referencia al grado de ejecución presupuestaria, “el cual ha alcanzado unos niveles en el entorno del 90%, lo que viene a indicar una ejecución casi plena del mismo así como que el conjunto de políticas contenidas en el presupuesto y diseñadas en beneficio del desarrollo socioeconómico, de la generación de empleo y de reactivación de la economía en los municipios de la provincia de Badajoz han sido efectivamente realizadas”.

Según estos datos, el diputado provincial destaca que la institución pacense goza de un estado de salud económico y financiero “óptimo”. Traducido significa que el remanente líquido de tesorería para gastos generales (el ahorro generado por la Entidad y que representa el nivel de solvencia de la misma) “refleja claramente el óptimo estado de salud financiera al que hacíamos referencia al inicio de la presente intervención. En 2016 ascendió a 58 millones de euros”.

Este superávit sitúa a la Diputación de Badajoz como una Administración "sostenible", es decir, “nuestro estado de ingresos nos permite hacer frente a la totalidad de gastos del ejercicio sin necesidad por tanto de acudir a operación de endeudamiento alguna”, considera Borrego.

Respecto a la deuda financiera, el año 2016 se cerró con un volumen de endeudamiento del 2,85%, lo que supuso una reducción de más del 70% con respecto al ejercicio anterior, estando prevista la cancelación total de la misma al cierre del presente ejercicio 2017.

“Con esta liquidación la Diputación de Badajoz cumple nuevamente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es decir, con los objetivos de estabilidad y deuda, así como con la regla de gasto”.

En relación con la sostenibilidad de la deuda comercial, indicar que el período medio de pago a proveedores relativo a los tres últimos meses del año fue de 9, 10 y 2 días respectivamente, por lo que en este 2016 se han visto reducidos estos plazos en más de un 50% con respecto a los valores existentes en el ejercicio precedente, ha subrayado el diputado.

Por todo ello, ha seguido precisando Manuel Borrego, la institución provincial cree necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que permita a las administraciones públicas saneadas, como es el caso de esta Diputación, “poner en valor su superávit fomentando la inversión productiva para el desarrollo de más infraestructuras, así como favorecer la vertebración del territorio para dinamizar la economía, la actividad de las empresas y la creación de empleo”.

Esta Ley, considerada contradictoria por los representantes públicos de la administración local, impide el uso de los recursos disponibles para destinarlos a las necesidades de los municipios cuando, si se autorizara el uso de los 5.500 millones de superávit que se estiman actualmente inmovilizados en el conjunto de las entidades locales del país, se podrían generar unos 70.000 puestos de trabajo.

“Lo único que pedimos -ha remarcado Manuel Borrego- es que nos permitan hacer uso de los recursos producto del superávit, no sólo de una parte de ellos”. Para el diputado “no es razonable ni éticamente responsable disponer de tal volumen de recursos inmovilizados justo cuando más se necesitan con objeto de paliar o reducir los devastadores efectos de esta crisis y poder ayudar, prioritariamente, a aquellos colectivos más vulnerables y necesitados”.