Minicumbre de directores generales de Turismo para abordar la regulación de los alojamientos ilegales

Francisco Martín, director general de Turismo de la Junta de Extremadura, ha dicho que la respuesta a esta situación “debe ser una suma del esfuerzo de todos”, gobernando con principios. En este sentido, ha expresado su posición contraria a cualquier economía sumergida, donde el papel de las Administraciones públicas es muy importante, porque deben defender a los empresarios turísticos legales contra su competencia ilegal. Por otro lado, la Administración también debe encargarse de la ordenación de la oferta turística, para que sea de calidad, a través de los Planes de Ordenación Urbana.

La Junta de Extremadura, para afrontar el auge de los alojamientos ilegales, ha establecido unos parámetros de actuación. En primer lugar, la inspección. “Desde julio de 2015 estamos actuando. Y el mapa de los alojamientos ilegales es: 608 alojamientos identificados, de los cuales, 397 en la provincia de Cáceres y 211 en la de Badajoz. Y el 53% se encuentran en las cuatro ciudades más turísticas de la Comunidad. De ellos, se han localizado 247”, tal y como ha señalado Francisco Martín. La localización de estos alojamientos es complicado, porque no hay medios suficientes. A pesar de ello, los inspectores de la Dirección General de Turismo han realizado 205 actuaciones previas, que es el primer paso para abrir los expedientes sancionadores, de los cuales, 47 se han regularizado, 2 han sido sancionados y 14 están en proceso de ser sancionado.

Otra actuación importante es la alianza con los ayuntamientos, porque esta situación está afectando al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma. “Es un tema donde se tienen que implicar y tienen que llevar a cabo un proceso sancionador como nosotros porque afecta y lastran la economía local y distorsionan la oferta turística”, ha explicado el director general de Turismo. A esta medida se suman la necesidad de que los órganos de coordinación y de encuentro funcionen, como la Conferencia Sectorial de Turismo, y la búsqueda del compromiso efectivo del Gobierno de España.

“Venimos reclamando desde hace dos años el impulso de un marco armonizado de España que regule el uso de las viviendas de uso turístico con unos mínimos para que todos sumemos”, pero sin tener que quitar la competencia a la Comunidad Autónoma. Y es que según el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, no dolo debe haber “una respuesta a nivel nacional y también europea. No puede haber un problema europeo, un problema estatal y que solo haya una solución local. Tiene que haber una respuesta multinivel”.

OTRAS COMUNIDADES

En este punto ha coincidido Carmen Arjona, directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, que “el Estado debió marcar una armonización para que las 17 Comunidades Autónomas tuviéramos unos mínimos estándares que se cumplieran en todo el territorio español”. A pesar de esta falta de unificación en las políticas turísticas que regulen este tipo de alojamientos, Carmen Arjona ha afirmado que el decreto regulador de las viviendas con fines turísticos en Andalucía “es un decreto del que estamos orgullosos porque responde a expectativas y necesidades” y que surgió para dar respuesta a la Oferta y la Demanda bajo unos estándares de calidad. Actualmente están reguladas 26.000 viviendas, una cifra en continuo crecimiento, a través de esta normativa “que cumplen con los estándares de calidad, confort y seguridad que todo turista debe tener”.

Lo que está claro es que internet ha modificado los hábitos de consumo de los turistas en el ámbito del alojamiento y que las plataformas ofrecen estos alojamientos de forma poco regulada. Esto genera una fórmula de negocio que no debe desequilibrar el sector turístico donde actúan diversas fórmulas de negocio. Carmen Arjona ha afirmado que “desde las Administraciones debemos evitar que ese equilibrio se rompa”. Y es que, “el daño que se produce con ese intrusismo es muy alto”. Por eso, “el trabajo entre todos va a hacer que tengamos un sector de calidad con una excelencia exquisita.” Sin esa colaboración “no hay un crecimiento razonable, un desarrollo sostenible, un empleo digno y de calidad”.

Por su parte, Julio Manuel González, director general de Comercio y Turismo de la Junta General del Principado de Asturias, ha afirmado que “no se puede abordar la gestión de los alojamientos ilegales sin hablar de una estrategia turística”. Y en Asturias esa estrategia está basada en la calidad, con políticas proteccionistas medioambientales, incentivando buenas prácticas mediante la creación de las primeras marcas de calidad vinculadas a los alojamientos, como las casonas, las sidrerías. Son marcas de calidad, por tanto ofrecemos calidad en el servicio, en el trato y en el paisaje. Porque debemos ser buenos anfitriones con la gente que nos visita”.

En estos momentos, tienen una hoja de ruta, el Programa Estratégico de Turismo Sostenible, con cuatro objetivos muy claros: desestacionalizar, internacionalizar, hacerlo de manera equilibrada y sobre todo, sostenible. En este sentido, “no podemos permitirnos no regular una parte creciente de turismo”, ha afirmado Julio Manuel González. Para abordarlo han desarrollado un nuevo decreto para regular estos alquileres, siempre con consenso con todas las partes (incluidas las plataformas turísticas), que se aprobó en junio de 2016. Su máxima es poder utilizar estos servicios pero siempre con calidad y con seguridad, al menos, las mismas que los demás alojamientos turísticos. A pesar de esta política, en enero de 2017 se produjeron actuaciones. Hasta agosto se realizaron unas 3.000 inspecciones, que produjeron la apertura de 642 expedientes sancionadores.

En último lugar, Blanca Arévalo Álvarez, responsable de Promoción Turística de la Junta de Castilla y León, ha querido transmitir la preocupación que existe en esta Comunidad Autónoma por “esta situación de ilegalidad de los alojamientos y el compromiso de la Junta poner los mecanismos para resolver y erradicar el intrusismo en esta actividad que perjudica al sector turístico y a toda la sociedad”. Para atajar esta situación, en 2010 el gobierno autonómico aprobó una Ley de Turismo donde recoge la erradicación de esta actividad clandestina. Y en 2016, para reforzar este compromiso, se puso en marcha un programa de medidas contra el intrusismo y la actividad clandestina “dirigido a consolidar los niveles de calidad de la oferta turística , evitar las prácticas ilegales que perjudican al sector y la imagen del mismo, y por tanto al turista”, tal y como ha expresado Blanca Arévalo.

Para llevarlo a cabo, se han desarrollado algunos instrumentos, como un plan de inspección, con el que se han recogido más de 1.000 denuncias en 2016; la firma de convenios con ayuntamientos, concretamente con Ávila, León, Palencia y Salamanca; el desarrollo un programa de formación en materia turística; o la regulación del registro de infractores, entre otros.

María Teresa Cabezas, catedrática de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo y profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Extremadura, ha moderado la mesa redonda titulada “Estrategias contra los alojamientos ilegales” que ha tenido lugar en el Congreso Internacional de Turismo cuyo lema ha sido “El turismo, compromiso de todos”. En ella se han explicado cuatro modelos diferentes para solucionar o tratar el problema de los alojamientos ilegales. Este encuentro, organizado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura del 25 al 27 de octubre de 2017, se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Plasencia.

FOTOS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO - V CONGRESO DE TURISMO DE EXTREMADURA