El Gobierno extremeño espera que los proyectos de obras del Plan de Regadíos de Tierra de Barros estén acabados en 2015 y los trabajos puedan comenzar a principios de 2016, según avanzó el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri.

Echávarri, quien compareció en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, informó de que el Ejecutivo ha aprobado el decreto por el que se declara de Interés General para la Comunidad Autónoma el proyecto de regadíos de Tierra de Barros, un paso imprescindible para que se puedan iniciar los trámites de expropiaciones, entre otros, para avanzar en este importante plan que abarca una extensión de 15.000 hectáreas.

El responsable de Agricultura señaló que mediante el decreto aprobado hoy se formaliza la medida que ya fue aprobada en el reciente Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en  Don Benito.

Entre otros aspectos, Echávarri destacó de este proyecto que “se trata de un regadío solidario, porque estén donde estén, los regantes pagarán lo mismo” y que “no es un reparto por pueblos, sino que se tiene en cuenta la viabilidad de las hectáreas por cercanía o por cota”

En todo caso, manifestó, el proyecto no está cerrado y ahora se hablará con los alcaldes pueblo a pueblo para analizar la situación en cada zona, por lo que, afirmó, “quiero tranquilizar a todos las localidades implicadas en esta iniciativa histórica”

Para el consejero de Agricultura “nunca en Extremadura se ha estado tan cerca como ahora en la consolidación, modernización y extensión de nuestras infraestructuras de riego”, y puso especial énfasis en señalar que para este proyecto, junto con el de Monterrubio de la Serena, el Gobierno regional destina 50 millones de euros, y se podrán beneficiar unos 5.000 regantes, atendiendo además una demanda histórica de los agricultores.

En el caso de Tierra de Barros se han recibido solicitudes más que suficientes para habilitar las 15.000 hectáreas de regadío privado establecidas. Las tierras que se regarán serán aquellas cuyos costes de explotación futuros sean más bajos; es decir, las que sean económicamente más rentables, por el bien de los agricultores actuales y las generaciones futuras.

Los proyectos de este tipo cuentan con una financiación para las obras del 50% por parte de la Administración y el 50% por parte de las comunidades de regantes, pero la intención del Gobierno extremeño es que los agricultores asuman menos de ese 50%.

En cuanto a Monterrubio de la Serena, destacó la obra que correspondía al Ministerio pero que a partir de ahora la asume el Gobierno de Extremadura. Serán 3.000 hectáreas las que se podrán regar, con un regadío viable y en las mismas condiciones de financiación pública que en Tierra de Barros.

Y es que,  dijo, para el Gobierno de Extremadura “el campo extremeño es fundamental para generar riqueza y empleo y fijar población, y el regadío es clave para ello”

Por eso, anunció, para el próximo año se han presupuestado casi 23 millones de euros para ayudas a comunidades de regantes, modernización de infraestructuras de riego y obras de mejora de las existentes

Echávarri manifestó que “al llegar al Gobierno nos encontramos con muchas zonas que ya estaban fijadas en el Plan Nacional de Regadíos y no se ejecutaron por falta de interés, previsión o financiación”.

Sin embargo, añadió, “en los últimos tres años se han dado pasos fundamentales para poner en marcha hasta 40.000 hectáreas de nuevos regadíos, que es en lo que está trabajado este Gobierno, con inversiones que han superado los 20 millones de euros para la modernización de infraestructuras de riego”.

PROYECTO DE LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Accesibilidad Universal de Extremadura, que se remitirá a la Asamblea de Extremadura para su tramitación.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, destacó en primer lugar que se trata de un texto que cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo y con el respaldo de la sociedad civil, reflejada en las entidades que integran el Consejo Asesor de la Vivienda, así como con el aval de las que forman parte de CERMI-Extremadura. 

Del Moral manifestó que para el Gobierno de Extremadura la accesibilidad es una cuestión que “no se queda en filosofía sino en acciones concretas” y anunció que este proyecto, que consta de 9 títulos y 33 artículos, “nace para velar por los derechos de los ciudadanos con problemas de movilidad”.

Mediante este proyecto se pretender actualizar la ley actualmente vigente, que, según explicó Del Moral, había quedado “obsoleta” por los distintos cambios normativos que se han producido a lo largo de los últimos 17 años. También era ya una “demanda” de los colectivos de personas con discapacidad desde hace algunos años.

El responsable de Fomento explicó que el nuevo texto trata de superar el concepto tradicional de “eliminación de las barreras arquitectónicas” para establecer como principio general el “pleno y libre desarrollo de todas las personas en el medio social y comunitario”.

Entre otros preceptos, Del Moral destacó la obligación de que todos los edificios de nueva construcción, tanto públicos como privados pero de uso público, tengan que ser accesibles y permitir un “uso no discriminatorio”. En el caso de edificios y espacios existentes donde no sea posible técnicamente o suponga una inversión excesivamente costosa se podrán arbitrar soluciones alternativas.

El proyecto también establece la necesidad de que los planes de emergencia o evacuación de edificios de pública concurrencia se adecúen a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación, según explicó el consejero.

Por otra parte, el texto incluye también de manera expresa la accesibilidad a los espacios naturales de uso público tales como parques y reservas naturales, playas fluviales, etcétera.

Otra novedad, según apuntó el titular de Fomento, es que la Administración asume la regulación de la acreditación de los perros de asistencia, así como las obligaciones de sus propietarios, y garantizará el libre acceso de las personas que vayan acompañadas de perros de ayuda a los edificios  y transportes públicos.

El consejero anunció también que se crea el Consejo Extremeño para la Promoción de la Accesibilidad Universal, que velará por el cumplimiento de las directrices de la ley.