El Área de Fomento de la Diputación de Badajoz presentó el pasado mes de julio en el Ayuntamiento de Badajoz y en la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura su solicitud para la licencia de obras acompañando al proyecto de ampliación del Museo Provincial de Bellas Artes, tras la publicación en el BOP del nuevo Plan General Urbanístico de Badajoz que considera entre la nueva normativa la figura del edificio singular.

Con la humildad y el respeto a la legalidad que debe presidir cualquier procedimiento técnico y administrativo, Diputación de Badajoz se encuentra a la espera de las resoluciones administrativas de ambas entidades competentes con el único ánimo de continuar su compromiso en la revitalización del Casco Antiguo de Badajoz, ciudad mayor de 20.000 habitantes y exenta de obligación competencial para esta Administración Local pero ciudad que ha sido la sede histórica de la misma.

La Diputación de Badajoz reitera que no alimentará polémicas con las personas que dirigen asociación alguna en la ciudad –ya ni siquiera con el resto de sus socios, algunos de los cuales han mostrado su oposición a las posiciones reiteradas por esa Junta Directiva- ni desde luego abrirá debate alguno sobre los gustos estéticos personales y juicios subjetivos de esa minoría de ciudadanos. Pese a las ya tediosas críticas sobre todas las acciones urbanísticas que realiza esta institución provincial en la ciudad de Badajoz, la Diputación de Badajoz mantiene su compromiso con la mayoría de pacenses en su tarea por contribuir a la mejora de los servicios en la ciudad, materializado en los últimos meses con la rehabilitación del nuevo Conservatorio Superior de Música, el antiguo Bárbara de Braganza o las antiguas Galerías Peysan.

Los técnicos del Área de Fomento de esta institución están convencidos de que tanto la Diputación de Badajoz, como el resto de administraciones, velan por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en la ejecución de sus políticas públicas, suficiente exigencia y legítima, y no acepta cualquier otro mandato que el del Estado de Derecho y el de la voluntad popular, nunca representada esta última por las personas que ostenten cargos directivos en una asociación.