En la tarde de este martes, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cáceres, Fernando Solís, acudió a las instalaciones de la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de la Construcción, Pymecon, para trasladar las medidas de lucha contra la economía y el empleo sumergido que recoge el decreto aprobado por el Gobierno central el pasado mes de mayo.

"La economía sumergida supone entre el 20 y el 25 por ciento del PIB del país", reconoció Solís. Por lo tanto se trata de un grave problema que ocupa todos los sectores de producción, según explica Pymecon en una nota.

En el caso particular de la construcción, el empleo sumergido se centra en las "chapuzas" de fin de semana, en las que trabajadores, empleados o no, trabajan por cuenta propia sin ningún tipo de regularización y, por supuesto, sin factura.

Solís dedicó una gran parte de su exposición a resolver las dudas, que provocaba el texto del decreto, en los asistentes y a tomar nota de las propuestas y recomendaciones que recibió de los presentes.

El objetivo del decreto es hacer aflorar la economía y el empleo sumergido, para lo que se establece un plazo en que las empresas con trabajadores en situación ilegal, o los propios trabajadores, regularicen su situación.

"De este modo queremos crear conciencia social y cívica en la población", argumentó Solís, quien recordó que es un problema que afecta a toda la sociedad.

En concreto en el sector de la construcción, las empresas con trabajadores sin regularizar hacen una competencia desleal al resto de empresas, ya que pueden ofrecer presupuestos más baratos al tener menores gastos de producción.