La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales Limones ha dicho que la Junta de Extremadura “cumplirá las leyes pero no va a hacerlo a costa de los ciudadanos” y de los servicios públicos esenciales: educación, sanidad y dependencia.

Blanco-Morales ha hecho estas declaraciones en una comparecencia tras asistir ayer a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid, donde Extremadura se ha manifestado en contra del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijado por el Gobierno central para el periodo 2016-2018, para el conjunto de las comunidades autónomas.

A juicio de la titular de Hacienda, es necesario realizar un “cambio de reparto entre la Administración del Estado y el conjunto de las comunidades autónomas para proteger los servicios públicos, ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir” –ha dicho-, por ello, Extremadura votó en contra de la propuesta del Ministerio, tanto del objetivo de déficit como de deuda.

En dicha reunión, la Junta de Extremadura ha puesto de manifiesto que hasta ahora el mayor esfuerzo de consolidación fiscal lo han hecho las comunidades, que el Estado ha incumplido, e insiste en que es necesario un mejor reparto, máxime teniendo en cuenta que son las comunidades quienes mayor peso sostienen en el mantenimiento de los servicios públicos y reclama que si la situación económica mejora, en el conjunto del territorio nacional, esa mejora debe llegar al ciudadano.

De igual forma, sostiene que la factura de las medidas electorales del Gobierno de Rajoy no la van a pagar los ciudadanos, de ahí que haya mostrado también su rechazo ante la pretendida rebaja fiscal anunciada por el presidente de la nación, que ha calificado de “oportunista, electoralista y en contra de los servicios públicos de calidad”.

Por esta razón, ha manifestado que se han puesto en contacto con la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, con quienes esperan reunirse la semana próxima, para manifestar la opinión de Extremadura sobre la situación fiscal del país y de la región, iniciar así una línea de diálogo que sea fructífera y permita cumplir la ley pero “sin sacrificar la vida de los ciudadanos”.