La Junta de Extremadura ha destinado ya 50 millones de euros a políticas sociales y educativas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves que el Ejecutivo regional ha destinado en estos primeros meses de legislatura un montante de 50 millones de euros a políticas sociales y educativas.

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde ha respondido así a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, a quien ha recordado que la Cámara no solo produce leyes, sino que también controla al Gobierno y aprueba normativas como los presupuestos en los que se establecen los ingresos y los gastos.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha explicado que la propuesta de esta formación de modificar la normativa que regula la Renta Básica Extremeña de Inserción altera los presupuestos de gastos sin hacer lo propio con los ingresos y, además, no establece de dónde se sacan esos ingresos.

Así, Guillermo Fernández Vara ha añadido que la Administración autonómica habla de hechos y ha recordado que ya se han destinado 700.000 euros a los comedores escolares, casi 9 millones de euros para los libros de texto gratuitos, 5 millones de euros para la recuperación del transporte escolar gratuito en Formación Profesional y Bachilerato, otra partida de 5 millones para abonar 2.500 Rentas Básicas, 24 millones de euros para el Plan de Empleo Social, 5 millones de euros para el Decreto de Mínimos Vitales y 800.000 euros para un Plan de Contingencias Sociales.

“Unos 50 millones de euros, dónde están los incumplimientos. El problema es que mis compromisos los cumplimos nosotros, no los cumple usted”, ha sentenciado Fernández Vara.

EMPLEO

Por otra parte, Fernández Vara ha detallado que la Encuesta de Población Activa (EPA) evidencia creación de ocupación y caída de desempleo, por lo que ha considerado que el discurso que mantiene el Grupo Parlamentario Popular no es válido.

El presidente de la Junta de Extremadura ha indicado, tras ser preguntado por los datos de desempleo por el Grupo Popular, que no va a hablar del pasado pese a que es evidente que la situación que su Gobierno se ha encontrado no es la mejor debido al desfase presupuestario.

Ha recordado que el Plan de Empleo Social es consecuencia de la concertación social y la primera respuesta que la Administración autonómica ha dado a este problema difícil de resolver en una economía que tiene dificultades y desequilibrios en algunos sectores, al tiempo que ha insistido en que lo primero que es preciso hacer para resolver la situación del desempleo es hablar tanto fuera como dentro del Parlamento regional.

Fernández Vara ha detallado que el Plan de Empleo Social cuenta por primera vez con la colaboración de ayuntamientos y también empresas y la economía social y ha recordado que se ha solicitado al Gobierno de España un Plan de Empleo Especial porque no es posible resolver solos una tasa de paro del 30 por ciento, a la vez que ha avanzado que se van a integrar programas formativos de empleabilidad, evaluar el Sistema de Garantía Juvenil, elaborar un nuevo plan de fomento y consolidación del autoempleo, conectar las políticas activas con sectores estratégicos, impulsar la economía social y establecer la transversalidad de las políticas de empleo.

Así, ha indicado que establecer cláusulas sociales en los concursos púbicos para que lo importante no sea solo el precio va a permitir que haya menos precariedad.

PASTOS

Por otra parte, y a preguntas de Ciudadanos sobre el nuevo coeficiente de admisibilidad de pastos, Fernández Vara ha explicado que ya no es posible formular una reclamación a Bruselas porque el plazo finalizó el pasado 30 de marzo de 2015.

Así, ha avanzado de lo que se trata ahora es de seguir trabajando para que la restricción financiera que se quiere aplicar a 2011, 2012 y 2013 se pueda parar o paliar.

“En eso estamos, negociando con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y Bruselas esa posibilidad porque no solo afecta a Extremadura”, ha asegurado Fernández Vara, quien ha concluido que se recurrirá también al Tribunal Supremo por la vía de un contencioso administrativo porque la región entiende que el pago lo tendría que hacer el FEGA.