La Junta de Extremadura dota con 6,6 millones de euros la convocatoria de ayudas al empleo para personas con discapacidad

Estas ayudas contribuirán a dar estabilidad en el empleo a casi 2.000 personas con discapacidad en centros especiales, según ha explicado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.

La portavoz ha asegurado, además, que la cuantía destinada a las subvenciones supone elevar en un millón de euros la que se consignó en la convocatoria anterior, correspondiente a la etapa del gobierno del Partido Popular.

El decreto que regula estas ayudas establece dos programas de subvenciones, uno destinado a fomentar los proyectos generadores de empleo y otro para el mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.

Por lo que respecta al primer programa, la cuantía de la ayuda será de 12.020 euros por puesto de trabajo creado a jornada completa, si el Centro Especial de Empleo supera el 90% de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla, a fecha de realización de las contrataciones.

La ayuda será de 9.015 euros por puesto de trabajo creado, a jornada completa, si el número de trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo está comprendido entre el 70% y el 90% respecto del total de la plantilla, a fecha de realización de las contrataciones.

En cuanto al segundo programa, la subvención consistirá en el abono a los Centros Especiales de Empleo del 50% del Salario Mínimo Interprofesional fijado por el Gobierno, con carácter anual, proporcional a la jornada realizada.

La portavoz señaló que con esta convocatoria se pretende facilitar la creación o transformación de puestos de trabajo para 75 personas con discapacidad y el mantenimiento de 1.900 puestos de trabajo de estas personas en centros especiales de empleo.

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Por otra parte, según ha informado la portavoz del Ejecutivo, la Abogacía General de la Junta de Extremadura ha sido autorizada para la interposición de un recurso contencioso-administrativo, ante la sala tercera del Tribunal Supremo, frente al Real Decreto 310/2016 de 29 de julio por el que se regulan las evaluaciones finales (reválidas) de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

En este sentido, Gil Rosiña ha señalado que con esta medida la Junta de Extremadura pretende “incidir en una posición firme” contra una ley que ha sido rechazada por el “conjunto de la comunidad educativa” y por la “mayor parte de las administraciones de este país”.

La portavoz, quien recordó que la consejera de Educación y Empleo ya fue autorizada para solicitar la convocatoria de la comisión  de las comunidades autónomas en el Senado (que no ha llegado a reunirse), ha manifestado que se trata de utilizar todos los instrumentos legales para decirle “a un Gobierno que está en funciones para unas cosas sí y para otra no” que no debe mantener una ley que ha sido tan ampliamente rechazada.

SERVICIOS SOCIALES DE BASE

En cuanto a los acuerdos relacionados con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, la portavoz del Ejecutivo ha anunciado la autorización para firmar otros siete convenios de colaboración con ayuntamientos y mancomunidades de municipios para financiar la prestación de servicios sociales base, con una aportación de más de un millón de euros con cargo a los presupuestos autonómicos.

Estos acuerdos se firmarán con los ayuntamientos de Plasencia, Cáceres, Mérida y Fuente del Maestre, y con las Mancomunidades de la comarca de Las Hurdes, Siberia I y de Municipios Valle del Ambroz y vienen a sumarse a los que se autorizaron recientemente por importe de 3,3 millones de euros.

En definitiva, dijo la portavoz, se trata de garantizar el acceso universal al sistema público de servicios sociales “para aquellos ciudadanos y ciudadanas que pasan por una situación de dificultad”.

Gil Rosiña destacó también la importancia de la decisión adoptada por la Junta de Extremadura de retornar al modelo de prestación de estos servicios mediante convenios con las entidades locales en lugar de hacerlo por medio de una convocatoria pública de subvenciones, como se hizo durante la anterior etapa de gobierno en la región, ya que, justificó, se trata de un servicio “fundamental y de primer orden”.

ECONOMÍA VERDE Y LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS

Por lo que respecta al área de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el Ejecutivo ha aprobado un decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención  a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), por importe de 727.496,18 euros, para ejecutar el programa Red Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la Economía Verde y el Patrimonio Natural en Extremadura.

Mediante este programa, que a su vez incluye otros 16 proyectos, se pretende poner en valor los recursos naturales de Extremadura, identificando su estado de conservación como un elemento fundamental de los mismos.

La portavoz ha justificado la colaboración de AUPEX en el elevado grado de implantación  de esta entidad, de la que forman parte 219 municipios de Extremadura, además de contar con una dilatada experiencia en la realización de proyectos de sensibilización, difusión y comunicación.

La portavoz ha enmarcado este programa en el proyecto transversal sobre el modelo de desarrollo regional ya anunciado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, durante el último debate sobre el Estado de la Región.

Implantación de huertos escolares y de  oficinas de asesoramiento para el empleo verde, además de otros servicios relacionados con la economía verde y la conservación de la naturaleza, son algunos de los objetivos incluidos en el programa.

También en el área de la Consejería de Medio Ambiente, el Ejecutivo ha autorizado la firma de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Extremadura (Facultad de Veterinaria) para el desarrollo de un proyecto de investigación sobre experiencias de control de la tuberculosis en las especies cinegéticas y ganaderas.

Para ello, se trabajará en fincas ganaderas y cinegéticas con el objetivo de mejorar el estado sanitario de los animales y las condiciones de las fincas con la aplicación real de diversas propuestas y su seguimiento permanente, así como en los espacios de gestión pública y áreas protegidas de Extremadura.

La aportación de la Consejería para realizar las actuaciones previstas en el convenio es de 667.677 euros.