La Junta defiende el equilibrio y el anclaje legal de la ley de Emergencia Social de la Vivienda

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha defendido que la ley no distorsiona ni interviene en el mercado inmobiliario. “Hay un equilibrio entre los derechos de las personas y la preservación del sector de la construcción como sector económico importante”.

En su intervención ante el pleno de la cámara, Vergeles ha considerado que no es un proyecto de ley aislado sino que se enmarca en las políticas de vivienda llevadas a cabo por la Junta de Extremadura. Políticas como el Observatorio para conocer la realidad del parque residencial de viviendas de Extremadura, la protección a las familias del sobreendeudamiento y de las ejecuciones hipotecarias, la modificación del acceso a las viviendas de régimen de alquiler, el convenio con la sociedad de activos SAREB, las mesas de trabajo con las entidades financieras, las aminoraciones del alquiler social o las medidas especiales para personas en riesgo de exclusión social. “Por tanto, este proyecto es una medida importante pero dentro de un todo de la política de vivienda de la Junta de Extremadura”, ha explicado.

El proyecto de ley consta de 3 artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales y su anclaje legal es “la función social de la vivienda y su destino efectivo a su uso habitacional”.

El proyecto de ley atribuye a la Junta de Extremadura el derecho de tanteo sobre las viviendas de protección pública que enajenen las entidades financieras con el solo objetivo de destinarlas al alquiler social y contempla, a través de la intermediación bancaria en coordinación con otras instituciones, la protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria. Según el consejero, para evitar que haya gente sin casas y casas sin gente “proponemos sancionar a personas jurídicas por viviendas vacías” y “mantenemos el objetivo de desahucios cero para familias que no pueden pagar”. En ese sentido, la ley permite expropiar el usufructo de viviendas objeto de ejecuciones hipotecarias.

Vergeles también ha aludido a la intención del ejecutivo de que la ley se mantenga en el tiempo. En consecuencia, se han atendido “prácticamente todas las cuestiones que planteaba el Consejo de Estado” en el informe solicitado por la Junta, por lo que es “respetuoso” con la legislación estatal.