La Junta destina 6,2 millones de euros para ayudar a más de 600 empresas y autónomos a compensar los efectos de la inflación

El consejero, quien ha explicado que podrán beneficiarse más de 600 empresas y autónomos de esta nueva línea de ayudas, ha comparecido tras la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este martes, en la que ha dado cuenta de los detalles de esta medida que prepara su departamento.

Según ha explicado Santamaría, se trata de una convocatoria de subvenciones a fondo perdido dirigidas a financiar el incremento de los gastos de aprovisionamiento que han sufrido las empresas en el ejercicio de 2022 respecto al de 2021 y que, como consecuencia de ello, "hayan experimentado a su vez una minoración en resultados de explotación alcanzados".

El importe de la ayuda a conceder -ha indicado- será el 40 por ciento del incremento producido entre los gastos de aprovisionamiento del ejercicio de 2022 y los declarados en el ejercicio de 2021, hasta un límite máximo del 40 por ciento de la caída de resultados del año 2022 respecto al año 2021, si bien la cuantía de la ayuda no podrá superar los 20.000 euros.

Podrán ser beneficiarias las empresas con domicilio fiscal y centro productivo en Extremadura, cualquiera que sea su forma jurídica -incluidos los trabajadores autónomos- de prácticamente todos los sectores empresariales, a excepción del sector primario y otras actividades restringidas por la normativa comunitaria.

El consejero ha precisado que, como requisito para acceder a estas ayudas, se exigirá que las empresas hayan sido creadas con anterioridad al 1 de enero de 2021; que la facturación, en los ejercicios 2021 y 2022, no supere los 3 millones de euros; y que los gastos de aprovisionamiento del año 2022 hayan sufrido un incremento de al menos un 9 por respecto a los de 2021, que es el incremento interanual medio del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Otra condición, ha especificado Guillermo Santamaría, es que los resultados de explotación de 2022 hayan sufrido una disminución de al menos un 9 por ciento respecto al año de referencia (2021). En definitiva, que se hayan incrementado en un 9 por ciento los costes y haya disminuido en un 9 por ciento el resultado de explotación.

Además, el consejero ha destacado que para tramitar las ayudas los empresarios no van a tener que presentar a priori ningún documento, tan solo una solicitud y una declaración responsable de haber sufrido los efectos de la inflación.

A preguntas de los periodistas, Santamaría ha avanzado que la convocatoria podría publicarse dentro de un mes y medio y que permanecerá abierta durante un plazo de un mes.

También ha señalado que de este nuevo programa de ayudas se ha informado a la patronal y a las asociaciones de autónomos, y se ha mostrado convencido de que estas ayudas, junto con la entrada en vigor del decreto de Ayudas para el Empleo Estable y Reducción de Costes Laborales, así como el decreto de Ayudas para la Consolidación del Autoempleo, el de modernización para autónomos, además de otras ya presentadas como el Cheque Exporta, "redundarán en mejorar la situación económica de Extremadura".

TARJETA SATE

Respecto a los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión, la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha destacado la autorización para la convocatoria de ayudas por importe de 6,6 millones de euros para garantizar la gratuidad en el uso del transporte público de viajeros por carretera en Extremadura, cantidad que supone un incremento del 50 por ciento en relación con la convocatoria anterior.

El Abono de Transporte Gratuito (tarjeta SATE), según ha señalado, "beneficiará a todos los ciudadanos empadronados en Extremadura que realicen desplazamientos en líneas regulares de autobús con origen y destino en la región". Esta tarjeta se podrá solicitar vía telemática en la sede electrónica de la Junta o de manera presencial en las oficinas de registro público, ha agregado Bazaga.

Con el aumento de la partida presupuestaria para estas ayudas, ha precisado, se prevé emitir 35.000 tarjetas más que en 2023, pasando de los 152.000 actuales a unos 187.000 usuarios.

La actual convocatoria se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año e incluye mayores controles para garantizar el buen eso del abono transporte. Así, se sancionará a los usuarios que reserven un billete y finalmente no realicen el viaje sin haberlo anulado previamente.

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

Por otro lado -ha explicado- la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha informado al Consejo de Gobierno de que mañana miércoles saldrá a licitación el servicio de los cinco Puntos de Encuentro Familiar que hay en Extremadura, con un presupuesto de 1,2 millones de euros que duplica el del contrato anterior.

Estos puntos se encuentran localizados en Badajoz, Mérida, Don Benito, Cáceres y Plasencia.

Se trata de un recurso social que "sirve para garantizar el derecho de todos los menores a que se cumplan los regímenes de visitas, a pesar de que se den situaciones de conflicto entre sus progenitores, o entre éstos y los propios menores".

Estos puntos -ha dicho Bazaga- permiten mantener los encuentros familiares en espacios neutrales y bajo la supervisión de personal acreditado, en los casos en los que sea necesario, para prevenir cualquier situación violenta.

La portavoz del Ejecutivo ha avanzado que mañana miércoles, 10 de abril, se publicará la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Además, ha precisado que el aumento presupuestario responde a la necesidad de mejorar la calidad del servicio que se viene prestando a través de estos Puntos de Encuentro Familiar, "haciendo más ágil y rápido el acceso por parte de los usuarios".

También dentro de las competencias de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de atención educativa especializada a menores con discapacidad intelectual tutelados por la Junta de Extremadura en dos centros de integración, uno ubicado en Badajoz y otro en Villanueva de la Serena.

El Ejecutivo ha acordado destinar 1,7 millones de euros para ofrecer 12 plazas, hasta el año 2026, a niños con discapacidad intelectual de entre 7 y 18 años, ha puntualizado la portavoz.
El objetivo es el acogimiento residencial de estos menores, que requieren una atención formativa específica. También se les garantizarán los tratamientos y programas de habilitación funcional que sean precisos en cada caso para fomentar su desarrollo, así como lograr el máximo grado posible de autonomía personal y de integración social, ha concluido Victoria Bazaga.