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Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno aprueba la transformación en regadío de 1.200 hectáreas en Monterrubio de la Serena
Según ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña.
  • Publicado: 12/09/2017 14:32
  • por: extremadura.com
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El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto por el que se declara la transformación en regadío de 1.200 hectáreas, en Monterrubio de la Serena, como “zona regable singular” de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los trabajos para la puesta en regadío de esas 1.200 hectáreas, explicó la portavoz, tendrán un coste de más de 17 millones de euros, de los que el 75 por ciento serán aportados por la Junta de Extremadura y el otro 25 por ciento por los regantes de la zona.

La portavoz ha señalado que el decreto aprobado hoy constituye la “fase previa” para la implantación de esos nuevos regadíos “como medida de apoyo a las explotaciones de olivar” y con ello, ha añadido, “atendemos una demanda histórica de esta zona de Extremadura”.

Con esta actuación se pretende modernizar el sector agroindustrial que es, ha dicho la portavoz del Ejecutivo, “el motor de desarrollo de nuestros pueblos y del medio rural de Extremadura”, además de mejorar los niveles de renta de los agricultores y aumentar y asegurar la producción, cumpliendo así, ha dicho Gil Rosiña, un compromiso de la Junta de Extremadura.

Gil Rosiña ha recordado que Extremadura cuenta con unas 275.000 hectáreas de regadío, la mayor parte de las cuales entraron en funcionamiento hace ya más de 50 años y disponen de unas infraestructuras que han quedado “absolutamente obsoletas”.

En este sentido, ha explicado que el objetivo de la Junta de Extremadura en esta materia es no solo modernizar las infraestructuras existentes sino también potenciar la puesta en marcha de nuevos regadíos.

Gil Rosiña ha insistido en que el regadío es “un capital enorme” para la agricultura y el medio rural y “para fijar la población al territorio”.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Por otra parte, también en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y territorio, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a sendos decretos por los que se actualiza la planificación preventiva contra incendios forestales en el valle del Árrago (Sierra de Gata) y en el valle del Jola (Valencia de Alcántara).

En ambos casos se declara de interés general la ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales mediante la previsión de la ejecución subsidiaria por la Administración, con carácter no oneroso.

En este sentido, Gil Rosiña ha recordado que el pasado mes de abril se aprobó la modificación de la Ley de Lucha contra Incendios Forestales con la finalidad de “permitir a la Administración acceder a monte privado, mediante una declaración de interés general, en las zonas de alto riesgo de incendios, para llevar a cabo planes de prevención y defensa urgentes”.

Según ha destacado la portavoz, ésta es la primera vez que el Consejo de Gobierno hace uso de esa posibilidad pero no se trata de medidas “aisladas” sino que forman parte de una nueva “política forestal” en relación con el cuidado y el aprovechamiento de los bosques extremeños.

Los trabajos en el valle del Árrago, situado en la zona de alto riesgo de incendios de Sierra de Gata, se cifran en 1.353.534 euros, mientras que los del valle del Jola, en la zona de alto riesgo de incendios de Valencia de Alcántara, ascienden a 1.524.985 euros.

CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Otra de las medidas aprobadas por el Ejecutivo es la declaración de utilidad pública e interés social y urgente ejecución de la concentración parcelaria en el paraje denominado Las Arenas o Dehesa de Guareña.

La zona se caracteriza por un fraccionamiento de la propiedad rústica que constituye un problema social de carácter estructural que ha motivado que un número superior a la mitad de los propietarios realicen una petición a la Administración autonómica para iniciar una concentración parcelaria.

La Dirección General de Desarrollo Rural ha realizado el preceptivo estudio de viabilidad y el resultado del mismo permite concluir que las obras y mejoras de la concentración parcelaria contribuirían a la formación de explotaciones más rentables, serían un estímulo para mantener o incrementar la capacidad productiva y, así, daría lugar a una reordenación de cultivos y, en general, del territorio, que permita mantener una actividad socioeconómica.

OCUPACIÓN DE TERRENOS

Por otra parte, en el ámbito de la Consejería de Economía e Infraestructuras, el Consejo de Gobierno ha aprobado sendos decretos por los que se declara urgente la ocupación de terrenos para proceder a las obras de construcción de la Ronda Sur de Badajoz (tramo III) y de la Ronda Sur-Este de Cáceres (tramo I).

Gil Rosiña ha señalado que ambas medidas son “un paso más” en estos dos proyectos de obras que fueron licitadas en los meses de mayo y junio de este año, con presupuestos de más de 41 millones de euros (el tercer tramo de la Ronda Sur de Badajoz) y de 33 millones de euros (el primer tramo de la Ronda Sur-Este de Cáceres).

Ambos tramos, ha añadido la portavoz, son los más “costosos” de las respectivas rondas, y tienen plazos de ejecución de 26 meses (Badajoz) y de 30 meses (Cáceres).

AYUDAS DEL PROGRAMA REMA

En el área de la Consejería de Educación y Empleo, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte y/o comedor escolar para el alumnado participante en el Programa REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación para el alumnado)  en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma, para el curso escolar 2017/2018, por importe de 150.000 euros.

Mediante la modalidad de transporte se concederán ayudas para sufragar los gastos del traslado del alumnado, desde su domicilio habitual al centro escolar, los días en los que se desarrolle el programa REMA.

La segunda modalidad tiene como objetivo sufragar los gastos derivados de comedor al alumnado escolarizado en un centro sostenido con fondos públicos que no disponga de servicio de comedor escolar gestionado por la Administración educativa y que, siendo beneficiario de la ayuda de transporte, asista al programa REMA.