La Asamblea de Extremadura manifiesta su compromiso de defender una financiación justa para la región

De este modo, han acordado que el texto aprobado sea el inicio de los trabajos que van a continuar en la Cámara autonómica con la finalidad de avanzar en una propuesta común en materia de financiación que sea favorable a los intereses de la comunidad.

La declaración ratificada por los cuatro grupos parlamentarios reconoce que Extremadura tiene derecho a contar con una financiación adecuada que garantice la disposición de recursos suficientes e impulse un crecimiento cohesionado de la región.
De igual modo, añade que se cuenta con una “postura clara y definida” sobre los fundamentos en los que debe basarse el nuevo sistema, y la “firme intención” de continuar con la senda de acuerdos en esta materia alcanzados en sede parlamentaria con la unanimidad de los grupos representados en la Cámara extremeña en julio de 2016.
 
Así, el texto indica que los grupos se muestran a favor de que tanto en la fase previa de negociación del modelo, como el acuerdo que lo fundamente, y posterior aprobación y aplicación, parta del minucioso examen de los principios y fines que rigen la Constitución.
 
FORO MULTILATERAL
 
Además, apunta a que la negociación se produzca en un foro multilateral en el que se encuentren representadas todas las regiones, así como las ciudades autónomas y el Estado, al tiempo que aboga por que la Hacienda estatal aporte mayores recursos al sistema con los que cubrir los déficits de financiación que “sufren todas” las Comunidades Autónomas en el modelo vigente.
 
Por otro lado, en la declaración los grupos se manifiestan a favor de que la reforma del sistema sea una tarea común para garantizar y mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar y de los servicios y políticas públicas gestionadas por las administraciones autonómicas, a la vez que apuestan por que las variables como la superficie, la densidad de población y el envejecimiento de la misma cobren mayor relevancia en el cálculo de las necesidades.
 
De igual modo, el texto aprobado este jueves indica que el sistema debe garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos, prestando atención al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación y, entre otras cuestiones, también apunta a que se haga plenamente efectivo el principio de lealtad institucional y seguridad jurídica.
 
Además, se muestra favorable a que se potencien las políticas de desarrollo equilibrado regional y la plena realización del principio de solidaridad, así como que la inversión del Estado deba dirigirse a cubrir las carencias que, señala, padecen determinados territorios en comunicación e infraestructuras.
 
La declaración insiste en que deben aprobarse inversiones complementarias para acelerar el proceso de convergencia y cohesión destinadas a las regiones que presenten un nivel de desarrollo inferior a la media y añade que la reforma del sistema de financiación debe coordinarse con la reforma del sistema de financiación local y promover la autonomía de las Haciendas locales.