Unidas por Extremadura defiende instaurar un sistema de ayuda a domicilio público en la región

El diputado José Antonio González Frutos ha defendido la iniciativa afirmando que con ello se pretende “contribuir a mejorar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y crear una hoja de ruta conjunta”.

González ha defendido la “desinstitucionalización, es decir, que los mayores sean atendidos en su domicilio, que además es su voluntad mayoritaria, y la única manera de hacer sostenible el sistema con el índice de envejecimiento que tenemos. Por ello hay que derivar los recursos a atender a las personas y no a construir infraestructuras. No vamos a poder atender a un porcentaje de personas potencialmente dependiente en los próximos años construyendo centros residenciales. Debemos dar una atención domiciliaria que se asemeje a la que a día de hoy se está dando en los centros residenciales”.

Por ello ha pedido “acciones para que se doten de recursos y medios, porque sino la consecuencia es que enunciamos una cosa y la consecuencia práctica es que no estamos dando acciones para que ese objetivo se cumpla”, denunciando que “a día de hoy la atención domiciliaria a personas con alto grado de dependencia es muy difícil prestarla con la atención con la que se está prestando ahora”.

El diputado también ha hecho referencia a “las profesionales del sector, ya que es un sector feminizado. Cuando se habla aquí de brecha salarial tiene mucho que ver con la precariedad del sector de los cuidados”. Por ello, ha abogado por “si todas compartimos el diagnóstico debemos dar pasos, y los que se están dando en 2024 están siendo tímidos, ya que a día de hoy tiene un presupuesto la atención a domicilio de 3,9 millones para la gestión por parte de los ayuntamientos”.

González Frutos ha pedido un “horizonte de crecimiento, que si nosotros gobernáramos lo haríamos con un horizonte mucho más amplio, pero por lo menos planteemos un crecimiento de ese presupuesto a un 25 por ciento, un ritmo de un millón al año, para llegar al final de la legislatura al menos con ocho millones de presupuesto, duplicando el presupuesto actual, que es un objetivo asumible”.

La moción, según ha defendido, “pretende atajar uno de los grandes problemas que es la transferencia a los ayuntamientos de este servicio”. Y es que tal y como ha denunciado el diputado “hemos transferido a los ayuntamientos menos del uno por ciento la financiación, cuando el sobre coste va a estar mínimo en el cuatro por ciento para los ayuntamientos, debido a la subida de los salarios. Además, por decreto hay que incrementar el número de horas de prestación”, dudando de que “se puedan prestar con el mismo dinero un incremento del 30 por ciento de horas”.

Para llevar a cabo este incremento presupuestario y hacer realidad esta moción, González Frutos ha recordado que “hay 17 millones más que vienen del fondo de financiación autonómica y con alrededor de un millón de euros se puede cumplir la financiación del remanente de horas que se necesitan para cumplir con el decreto”.

Por último, el diputado le ha instado a la Junta a “sacar el decreto de acreditación de todos los servicios, que no lo hizo el anterior ejecutivo del PSOE, y las órdenes reguladoras de proximidad, centros residenciales, etc., porque para la financiación del Estado se necesitan”. Además, le ha pedido que “lo hagan con diálogo, algo que debe practicarse”.

En el turno de réplica ha acusado al resto de grupos de “estar en las trincheras con un discurso para la galería, ya que era una propuesta muy modesta”, acusando al Partido Popular de escudarse en el argumento de que “como durante 18 años no lo ha hecho el partido anterior ellos tampoco”.

PROPUESTA PARA LA AGRICULTURA SOCIAL Y FAMILIAR

Por otro lado, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha presentado una Propuesta de Impulso para instar a la Junta a “apostar por medidas que controlen el desequilibrio existente entre oferta y demanda en el sector productor, agrícola y ganadero, dotando presupuestariamente las posibles pérdidas; simplificar los trámites burocráticos; priorizar líneas de ayudas a explotaciones familiares; elaborar un Plan de Rescate Agrario integral; facilitar el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores; replantear la instalación de energías renovables; negociar la reforma de la PAC; y contribuir a la efectiva aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria”.

De Miguel ha defendido que “ante las protestas del campo como políticos tenemos la responsabilidad de escuchar al sector y la responsabilidad de poner encima de la mesa medidas desde todos los ámbitos que alivien la dramática situación por la que está pasando la gente del campo”.

Ante esta situación, la portavoz ha afirmado que “debemos exigir a la Junta de Extremadura, ya que aquí también hay competencias para poner medidas en marcha. Los agricultores no se están manifestando solo ante las puertas del Ministerio sino también ante las puertas de la Consejería de Agricultura. El otro día en Cáceres 500 agricultores independientes se manifestaron ante la Delegación de la Consejería para pedir una reunión con la Consejera”.

De Miguel ha señalado que “existe un descontento con los políticos y con las políticas agrarias que se han llevado a cabo y han traído a esta situación al sector, y con los políticos que dicen aquí una cosa y dicen otra en Europa”. La portavoz ha continuado afirmado que “el problema no es esta PAC, no son los ecorregímenes, o la Agenda 2030, que firmó el señor Rajoy en 2015 en la Asamblea de la ONU. Quien apunte ahí está engañando al sector. Los problemas del campo se llevan arrastrando décadas, son problemas estructurales porque son problemas complejos”.

La portavoz ha recordado que en 2019 “ya hubo movilizaciones del campo que comenzaron en Don Benito, y ahí no estaban los ecorregímenes a la vista ni siquiera”. Por ello, ha argumentado que “el modelo agroalimentario está colapsando y está enseñando las costuras porque en ese modelo solo sobreviven los grandes, aquellos que tienen economía de escala que les permite sobrevivir”, defendiendo que “nuestra apuesta en cambio es la agricultura y ganadería social y familiar, la que decide las cosas en la mesa de la cocina y no en los consejos de administración de países extranjeros. Es la agricultura que mantiene abierto nuestros pueblos, comercios, colegios, bares... que produce alimentos sanos”, defendiendo que “el sector primario es muy diverso, lo que beneficia a la agricultura social y familia no es lo mismo que beneficia a los fondos de inversión y los latifundios, y lo mismo al contrario”.

Por eso ha afirmado que “de nada sirven medidas que no protejan el modelo de producción de alimentos que vertebra nuestro mundo rural”.

Además, ha apostado porque “el relevo generacional debería ser una política de estado”. Un relevo que según ha señalado “se ve perjudicado por la subida del precio de la tierra debido a la intervención de los fondos de inversión”, y por otro lado, “por la presión que se está haciendo por parte del oligopolio eléctrico”.

También instan al Ministerio a que “Europa recupere el principio de preferencia comunitaria y de equiparación de rentas, apostando por la simplificación y flexibilización de la misma, modulando las exigencias burocráticas”. De Miguel ha pedido “mayor compromisos ambientales para estas grandes empresas y fondos de inversión”.

Por último, la propuesta venía a insistir en la “efectiva aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria, reforzando la inspección y publicando índices de precios y de costes anuales, ya que es la única herramienta que tienen los agricultores para luchar contra los abusos y poder tener cierta capacidad de negociación”.

Por todo ello, Irene de Miguel le ha pedido al resto de partidos “que nos arremanguemos de una vez por todas y peleemos junto a las gentes del campo por el futuro de un sector estratégico y fundamental para la seguridad de nuestro país”.

PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO POR PALESTINA

Por último, Unidas por Extremadura ha presentado una Propuesta de Pronunciamiento ante la Cámara “instando al Gobierno de España a adherirse a la demanda interpuesta por la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra el Estado de Israel por el incumplimiento de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio hacia la población palestina”.

La diputada Nerea Fernández ha sido la encargada de presentar esta propuesta, recordando que “la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo histórico el pasado 26 de enero para prevenir un posible genocidio en respuesta a las pruebas presentadas por Sudáfrica, quien actúa como demandante contra Israel. La Corte ha declarado que los palestinos tienen derecho a ser protegidos frente a actos de genocidio y ha ordenado a Israel a tomar todas las medidas a su alcance, así como castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio”.

Fernández ha denunciado que “solo en cuatro meses ha habido más de 29.400 palestinos asesinados, siendo 14.000 de ellos niños, además, se calcula que hay más de 10.000 personas bajo los escombros”.

La diputada ha señalado que “se están dando cinco puntos de la Convención sobre el genocidio: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y/o traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Por ello Nerea Fernández ha defendido que “el pueblo extremeño, todos los meses desde octubre, se manifiesta, se reúne, se moviliza para exigir a las instituciones y exigir a esta Asamblea que pida el alto al fuego, que se solidarice con el pueblo palestino y que inste al gobierno de España a adherirse a la demanda de Sudáfrica. Por ello, si se aprueba, la Asamblea de Extremadura pasaría a ser la que liderase esa instancia al gobierno de España. Dejemos de cruzarnos de brazos, dejemos de mirar hacia otro lado”.