CCOO señala que la caída del PIB extremeño en 2013, que fue de un 1,4 por ciento según los datos del Instituto Nacional de Estadística conocidos hoy, demuestra que la recuperación económica de la que tanto presumen el presidente José Antonio Monago y el PP es falsa propaganda y está lejos de llegar a la realidad diaria de los hogares extremeños.

Este nuevo descenso de la riqueza regional es efecto de la política de recortes y la incapacidad del Gobierno regional para estimular la economía. Es demoledor que Extremadura pase a ser la comunidad autónoma con el menor PIB per cápita de España con 15.026 euros, casi la mitad que el País Vasco y 7.250 euros menos que la media nacional.

CCOO ya advirtió que los datos de la EPA y de la Seguridad Social de 2013, con casi 14.000 personas afiliadas menos, reflejaban el desplome de la economía productiva extremeña. Los datos del INE corroboran hoy que Extremadura cae más que el resto del país y que se aleja en convergencia de la situación del resto de España y de Europa.

El empeño del Ejecutivo de Monago en mantener el ajuste fiscal y no tomar medidas para reactivar la economía está teniendo unas consecuencias gravísimas para el presente y el futuro de Extremadura. 

En lo poco que va de año 2014 ya hay 8.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social, con lo que sigue la sangría en el mercado de trabajo, a pesar de los intentos del equipo publicitario del presidente por esconder este enorme problema.

Presumir del cumplimiento del déficit es una demostración de lo poco consciente que es el Gobierno regional del día a día de la población extremeña. Con 160.000 parados, casi el 20 por ciento de los hogares sin ningún miembro con trabajo y con un índice de pobreza de un 34 por ciento, alardear de cumplir el déficit es indecente y una muestra evidente de falta de sensibilidad social.

CCOO insiste en la necesidad de un cambio radical en el rumbo de las políticas económicas en Extremadura. José Antonio Monago debe recapacitar y tomar otra dirección totalmente distinta a la actual, abriendo a la concertación social el destino de los fondos del programa operativo europeo y el diseño de una nueva política agraria e industrial, todos ellos ámbitos vitales para el futuro de la comunidad extremeña.