El Jefe del Ejecutivo Regional, José Antonio Monago, ha anunciado esta decisión, entendiendo que los datos de la auditoría revelan irregularidades en el uso y "abuso del dinero público" y, por tanto, se considera que "puede haber indicios de responsabilidad penal" en la gestión.

Según Monago, la gestión que se realizó en GPEX durante 2010 supone una "presunta vulneración" de los principios de transparencia, austeridad y eficacia que deben regir el funcionamiento de toda empresa pública.

Asimismo, el Presidente de Extremadura ha añadido que se ha decidido presentar este informe a la Fiscalía "por responsabilidad con Extremadura, y con todos y cada uno de los ciudadanos que conforman esta tierra", así como "por respeto al ordenamiento jurídico y al dinero público".

Cabe recordar que, hace unos días, el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, presentó los datos de la auditoría realizada sobre la gestión de GPEX en 2010, subrayando que revelan que "se han producido una serie de "irregularidades graves".

Concretamente, el consejero señaló que, en el área del total de gastos de explotación, "en principio no existe ningún tipo de justificación" del 54,84% del presupuesto relativo a otros servicios, dietas y gastos de viajes.

Respecto a la contratación con proveedores, Nevado-Batalla también señaló que se habían detectado "irregularidades" en "prácticamente el 90%" de las contrataciones realizadas, que van desde la "inexistencia de informes de necesidad", como en la "constatación de la realización efectiva de los servicios", encontrándose "contrataciones que no tienen el respaldo del servicio del trabajo que se había contratado".

En este sentido, ha añadió que la contratación con proveedores supuso en 2010 un total de 7.155.776 euros, de los que se han encontrado "incidencias" en 6.434.012 euros, que van "desde la inexistencia de informes de necesidad" hasta la ausencia de la constatación de que se realizara el servicio contratado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Extremadura, Valentín García, cree que esta decisión "una cortina de humo" de la citada administración para "no hablar de los problemas reales" de la comunidad y, sólo responde a "razones partidistas", al coincidir con la celebración este fin de semana del Congreso Regional Socialista.

Para García, la citada auditoría "parece incompleta e inconclusa" en tanto que "la empresa no ha hecho alegaciones" a la misma y, la decisión del Ejecutivo autonómico trata de "seguir mirando al pasado para buscar lo que no hay".

Según el portavoz, "justo" cuando la empresa debería haber hecho alegaciones "fue despedido el director financiero de GPEX" por "ser de la anterior etapa", lo que habría impedido la formulación de alegaciones.

Y, ha pedido al presidente de la comunidad, José Antonio Monago, ante el "mucho interés en cargarse GPEX" que, haga públicas también las auditorías "propias" elaboradas por la propia entidad pública, y "no" exclusivamente las ejecutadas por la Administración autonómica.