El director general de Incentivos Agroindustriales y Energía, Juan José Cardesa, ha destacado los resultados obtenidos desde la puesta en marcha en su Dirección General de un Plan de Choque cuyo único objetivo era desbloquear centenares de expedientes de incentivos agroindustriales que permanecían sin resolver, algunos desde el año 2009, de los que ya han sido desbloqueados 160 expedientes.

Juan José Cardesa, durante una ponencia sobre estos incentivos celebrada en el marco de FIAL, en Don Benito, ha recordado que a su llegada a la Dirección General se encontraron con 67 expedientes pendientes de pago (con ayudas por valor de 20,8 millones de euros) y 150 que ni siquiera se habían resuelto correspondientes a las convocatorias de 2009, 2010 y 2011.

A día de hoy, y gracias a la puesta en marcha de este Plan de Choque, ya se han pagado 49 de esos expedientes con ayudas por valor de 20,8 millones. De los 150 que ni siquiera se habían empezado a tramitar (que suman inversiones proyectadas por valor de más de 200 millones de euros), en apenas seis meses los técnicos de la Dirección General han resuelto 75, mientras que otros 43 están ya en estudio. El objetivo es completar este proceso antes de final de año, con lo que se habría puesto al día la resolución de estos expedientes.

Por otra parte, el director general de Incentivos Agroindustriales y Energía ha presentado el decreto 136/2012, que regula el Régimen de Incentivos Agroindustriales Extremeños e incluye la convocatoria de este año.

Hasta la fecha, según ha explicado, se han recibido 22 solicitudes que recibirían ayudas por valor de 3,4 millones de euros, frente a los 22 millones de euros consignados en el presupuesto. A falta de un mes para el cierre de la convocatoria Juan José Cardesa ha animado a los empresarios y a posibles emprendedores a acceder a estos fondos, que subvencionan hasta el 42% de las inversiones.

En cuanto a las novedades de este decreto, Juan José Cardesa ha incidido en el aumento del apoyo a los empresarios (la intensidad de ayuda media pasa del 25% de la inversión a situarse por encima del 30%) y la simplificación de los procedimientos.