El consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, aseguró que la Junta de Extremadura tiene argumentos jurídicos suficientes para insistir y perseverar en que la región reciba una compensación por los gastos que asumió en 2001 y que derivan de la transferencia plena de competencias sanitarias, gastos que ascienden a 33,8 millones de euros.

Las declaraciones las hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea de Extremadura, donde ha informado sobre la actuación del Gobierno regional en relación con la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009, referida a los gastos sanitarios efectuados por la Junta correspondientes a los últimos meses de 2001, que derivan del traspaso de competencias en materia de gestión sanitaria.

Como respuesta a la sentencia, la Junta ha ordenado a la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo interponer un nuevo recurso contencioso-administrativo ante el  Juzgado Central del Contencioso-Administrativo.

El recurso se interpone luego de conocer que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) desestimó la reclamación de la Junta hecha en el año 2009 ante la Intervención General de la Seguridad Social y ante el propio INGESA.

Los argumentos para la negativa del fallo son que se trata de un asunto ya juzgado  y que no existe tal deuda de la AGE a la región.