La vicepresidenta, portavoz y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente, ha subrayado que la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional, cuyo proyecto ha iniciado hoy la tramitación parlamentaria, “es una de las más ambiciosas del país en la regulación y exigencias en materia de transparencia y control de la publicidad institucional”.

En este sentido, ha añadido que la Ley “recupera el espíritu” de la Ley de Publicidad de 1996, derogada en 2003, y “va a garantizar que, a partir de ahora, las campañas institucionales de comunicación y publicidad tengan un claro enfoque de servicio público a toda la ciudadanía”.

Durante su presentación del proyecto de Ley, Teniente también ha asegurado que, junto a la ya aprobada Ley de Gobierno Abierto y a la futura Ley del Estatuto de los Cargos Públicos, la nueva norma “va a completar el paquete normativo más amplio y avanzado en defensa de la transparencia en la gestión pública de nuestra Comunidad Autónoma”.

Asimismo, ha resaltado que se trata de una Ley “auténticamente institucional para toda Extremadura”, puesto que afectará no sólo a las campañas de comunicación y publicidad que promueva la Administración autonómica y sus organismos autónomos, sino también a la Asamblea de Extremadura, a la Universidad y a todas las entidades locales de la región, incluidas sus instituciones o entidades dependientes de ellas.

Una vez que la Ley entre en vigor, según ha explicado la vicepresidenta, todas las campañas institucionales “deberán ajustarse siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general: lealtad institucional, compromiso, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad del gasto”. Además, deberán contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, respetar la diversidad social y cultural y proteger a la infancia y la adolescencia.

INTERÉS PÚBLICO

El texto normativo establecerá que solo podrán desarrollarse “cuando existan razones de interés público” y, al mismo tiempo, persigan determinados objetivos, como, por ejemplo, la comunicación de programas o actuaciones de relevancia e interés social, la difusión de ofertas de empleo público u otras cuya importancia e interés lo aconsejen, las campañas sobre orden y seguridad pública, el apoyo a sectores económicos y productos extremeños, o la difusión de la imagen de Extremadura con fines de promoción turística.

La vicepresidenta ha señalado que, dentro del catálogo de prohibiciones, “quedarán expresamente prohibidas las campañas que tengan como finalidad destacar los logros de gestión por las administraciones públicas extremeñas”. También lo estarán las campañas que perturben la actuación legítima de otros poderes públicos en el ejercicio de sus competencias y aquellas que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios constitucionales.

GARANTÍAS

Cristina Teniente ha afirmado que habrá un sistema de garantías para “asegurar la vigilancia y el cumplimiento” de esta Ley, de tal manera que cualquier persona física o jurídica podrá solicitar el cese inmediato o la rectificación de aquellas campañas que incurran en alguna de las prohibiciones establecidas.

El órgano encargado de resolver estas reclamaciones será la Comisión de Comunicación y Publicidad Institucional que, como medida cautelar a petición de la persona interesada, puede ordenar la suspensión de una campaña cuando se aprecien indicios de infracción manifiesta de los requisitos o las prohibiciones fijadas en esta ley.

PLAN E INFORME ANUALES

Esta Comisión tendrá, según ha detallado la vicepresidenta, otras dos importantes competencias. Por un lado, elaborará un plan anual de comunicación y publicidad institucional de la Administración autonómica, en el que se especificarán el objetivo de cada campaña, el coste, el periodo de ejecución, las herramientas y soportes de comunicación, el sentido de los mensajes, las personas destinatarias y los organismos y entidades afectados.

Por otro lado, la Comisión será responsable de elaborar un informe anual en el que se incluirán todas las campañas institucionales realizadas en el año anterior, con el importe y los adjudicatarios de los contratos. Dicho informe se remitirá a la Asamblea de Extremadura en el primer periodo de sesiones de cada año.

La vicepresidenta del Gobierno regional ha concluido su intervención con un llamamiento para “aglutinar el consenso” de la Cámara para que la Ley que se apruebe “no vuelva a ser incumplida ni derogada, porque el uso monopolístico de la publicidad siempre ha empañado la credibilidad de un gobierno desde el punto de vista de la transparencia democrática”.